En el marco de la tramitación en el Senado del proyecto de ley de licencias médicas, Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas de LyD, presentó en la Comisión de Salud, señalando que la iniciativa constituye un avance relevante para racionalizar su uso y aliviar la creciente presión que este gasto ejerce sobre el sistema de salud. Sin embargo, para enfrentar de manera efectiva los incentivos que han favorecido el sobreuso de este beneficio, ésta debiera complementarse con medidas adicionales.
Durante su exposición, Eguiguren advirtió que el gasto en licencias médicas prácticamente se duplicó como porcentaje del PIB entre 2012 y 2024, alcanzando cerca del 1% del PIB, mientras que solo entre 2020 y 2024 aumentó un 24% en términos reales. Actualmente, cerca de la mitad de la cotización de salud se destina a financiar este beneficio.
En su diagnóstico, el experto identificó que el sistema genera incentivos inadecuados para todos los actores involucrados: los médicos no enfrentan el costo económico de la ausencia laboral, los trabajadores reciben el subsidio con una tasa de reemplazo del 100% de la remuneración (hasta el tope imponible en el sector privado), los empleadores no asumen el pago del sueldo durante la licencia y Fonasa tiene incentivos limitados para fiscalizar debido al creciente financiamiento fiscal del sistema.
Asimismo, destacó que, pese al término de la pandemia, el número de licencias autorizadas por trabajador continúa aumentando tanto en Fonasa como en Isapres y que solo el efecto del informe de Contraloría parece haber tenido impacto, con una caída de las licencias de 13%. Sin embargo, el bajo número de sanciones, al cierre de marzo, pone en riesgo la sostenibilidad del efecto fiscalizador.
Respecto del proyecto de ley, valoró que iguale el período de carencia entre trabajadores del sector público y privado, restrinja las licencias prolongadas y fortalezca las facultades de fiscalización de Fonasa y Compin. No obstante, sostuvo que la iniciativa puede perfeccionarse incorporando cuatro medidas adicionales: reducir la tasa de reemplazo, utilizar guías clínicas referenciales como apoyo para la evaluación de licencias, tipificar penalmente el uso malicioso de éstas e incluir un uso intensivo de datos que ayuden a un control más estricto de grandes emisores y también de grandes demandantes de licencias médicas.
Eguiguren concluyó que la fiscalización por sí sola no basta, que aprobar el proyecto de ley es un primer paso indispensable sobre el cual seguir avanzando con medidas adicionales y que ello permitirá optimizar el uso de los recursos.
