La economista, Ingrid Jones, junto al abogado, Juan Ignacio Gómez, expusieron en la Cámara de Diputados por el proyecto de ley de Reajuste del Sector Público para 2026.
En la presentación, los expertos explicaron la complejidad de la tramitación por la variedad de temas que incluye y las dudas sobre su financiamiento. El proyecto de ley contempla un aumento nominal escalonado de 3,4%, en línea con la variación del IPC, lo que equivale a tener un reajuste real de 0%.
Según Jones y Gómez, si bien esta ley es conocida como ley miscelánea (por la variedad de temas que siempre incluye), lo que más llama la atención este año son modificaciones a ciertas materias que requieren un análisis más profundo y detallado y que exceden lo usual para una ley de reajuste, tales como el ampliar el giro de negocios de empresas estatales, restricciones para ajustar a los funcionarios a contrata (lo que se ha conocido como “amarre”) y una mini reforma al empleo público.
Los expertos argumentaron que el costo del proyecto (USD 1.776 millones) está determinado principalmente por la magnitud del reajuste de remuneraciones, ya que el 52% de los recursos son para financiar el reajuste de 3,4% nominal y el restante 48% se destina al conjunto de medidas “misceláneas”: aguinaldos, bonos, temas de incentivo al retiro, entre otras. Dichos recursos equivalen a casi tres meses de financiamiento de la PGU o la construcción de cerca de 50.000 viviendas sociales.
Así, si bien el costo del proyecto es menor al de la Ley anterior, existen dudas sobre su financiamiento, según los investigadores de LyD. Ello, porque, de acuerdo a una minuta entregada por la Dirección de Presupuestos al Congreso, la Ley de Presupuestos 2026 considera $589.921 millones para financiar el costo total de la Ley de Reajuste, equivalente a US$655 millones (37% del costo total de la ley). Esto significa que 2/3 de la ley no estaría financiada por esta vía.
A lo anterior, agregaron que resulta preocupante desde el punto de vista de la disciplina fiscal y la transparencia presupuestaria, que el Informe Financiero señale que, de faltar recursos, el financiamiento se complete mediante reasignaciones desde cualquier subtítulo de gasto —con la sola excepción del servicio de la deuda— y, en última instancia, con transferencias del Tesoro Público.
Además, es preocupante desde el punto de vista de la disciplina fiscal y la transparencia presupuestaria, que el Informe Financiero señale que, de faltar recursos, el financiamiento se complete mediante reasignaciones desde cualquier subtítulo de gasto —con la sola excepción del servicio de la deuda— y, en última instancia, con transferencias del Tesoro Público.
“Al no precisarse montos ni programas específicos, la norma introduce un elevado grado de discrecionalidad en la ejecución presupuestaria. Esto modifica además un presupuesto recientemente aprobado y traslada al próximo gobierno la carga de tomar decisiones que tendrán impacto fiscal y social, las que debieran ser conocidas, evaluadas y debatidas durante la tramitación legislativa”, enfatizaron.
