Con un respaldo unánime de 42 votos, el Senado despachó a ley el proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. El texto final, ratificado tras resolver las discrepancias técnicas en Comisión Mixta, establece un nuevo marco jurídico que consagra el derecho al cuidado, pero que a la vez impone al Estado el desafío de implementar una institucionalidad compleja y de alto impacto fiscal.
Rediseño del Marco Institucional y Alcances
El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC), impulsado por el Ejecutivo, se establece como un modelo intersectorial que consagra el cuidado como un eje central de la política pública (Art. 6). Con un enfoque en la autonomía y la prevención de la dependencia, la ley identifica como beneficiarios a niños, adolescentes y personas mayores, además de formalizar el rol de las cuidadoras a través de una implementación progresiva (Art. 8). No obstante, más allá de la declaración de principios como la corresponsabilidad y la eficiencia (Art. 5), la normativa impone un desafío de coordinación sin precedentes, obligando a una integración profunda entre el nivel central, regional y municipal bajo la conducción del Ministerio de Desarrollo Social.
Ajustes Normativos y Carga Administrativa
La ley no se limita a la creación del SNAC, sino que introduce modificaciones transversales en diversos cuerpos legales, desde la planificación regional hasta la gestión de riesgos de desastres. El objetivo de este ajuste es armonizar las competencias locales con las nuevas exigencias del sistema, buscando evitar la fragmentación de la red de protección social. Sin embargo, persiste la duda sobre si esta nueva carga administrativa para los gobiernos locales y municipios será realmente coherente con sus capacidades técnicas y presupuestarias actuales, o si terminará por saturar la gestión territorial.
Alertas de Políticas Públicas: Riesgo de Estatismo y Sostenibilidad
Desde la óptica de la eficiencia, el diseño final del Sistema presenta nudos críticos. Al concentrar una responsabilidad excesiva en el aparato estatal, la ley corre el riesgo de debilitar el rol fundamental de las familias y la sociedad civil organizada, desplazando la colaboración público-privada por una gestión centralizada. La estructura creada es compleja, pero su ambigüedad en principios operativos no asegura soluciones concretas ante el acelerado envejecimiento poblacional. Sin una focalización rigurosa de los recursos, este despliegue administrativo arriesga transformarse en una carga fiscal insostenible que priorice el crecimiento de la burocracia por sobre la mejora real en la calidad de vida de las personas dependientes.
