Después de más de un mes desde que se hizo público el escándalo de miles de funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica, el Gobierno ingresó al Senado un proyecto de ley que presenta una serie de aspectos positivos. Estos permitirán desincentivar los abusos en el uso de una herramienta que, siendo esencial para recuperar la salud, actualmente es utilizada de manera fraudulenta por muchas personas.
En primer lugar, el proyecto de ley reconoce que las licencias, como cualquier seguro, requieren un deducible que desincentive su sobreuso. En ese sentido, crear un periodo de carencia (días donde no se cubren las remuneraciones del trabajador que está ausente) sin importar la extensión de la licencia, ni el tipo de trabajador constituye un cambio necesario. Esto debiera desincentivar la emisión de licencias más prolongadas (más de 11 días) que no consideran ese periodo de carencia. Además, la iniciativa legal acertadamente abre la posibilidad para que puedan darse acuerdos voluntarios entre los empleadores y trabajadores de cómo cubrir las remuneraciones de ese periodo.
Otro problema del sistema es que las licencias médicas pueden ser, en la práctica, de duración permanente o prolongarse por más del tiempo estrictamente necesario desde el punto de vista médico. El proyecto propone mayores restricciones para la emisión de nuevas licencias médicas a personas que hayan acumulado más de 180 días de licencia en el periodo de 365 días. Esto ayudará a que el sistema chileno se asemeje a los de otros países donde las licencias tienen extensiones máximas y desincentivará los abusos.
Un tercer cambio está relacionado con mayores atribuciones que se entregan a las Compin y al Fonasa para la fiscalización de las licencias médicas. Si bien mayores atribuciones son necesarias, lo relevante es que, una vez creadas, estas se utilicen para que efectivamente exista un efecto disuasivo para aquellos trabajadores inescrupulosos que solicitan licencias médicas sin necesitarlo.
Finalmente, la iniciativa termina con las injustas diferencias entre los funcionarios del sector público y del sector privado aun cuando las razones de la licencia médica pueden ser las mismas. Actualmente, los primeros no tienen el periodo de carencia y se les paga la totalidad de su remuneración sin considerar el tope imponible. Las propuestas del proyecto de ley equiparan las condiciones para ambos tipos de trabajadores, lo que también es positivo.
De este modo, es de esperar que el Congreso pueda tramitar con prioridad este proyecto de ley debido al alto costo que actualmente implican las licencias médicas, más cuando sabemos que un porcentaje de ellas es fraudulenta.
Con todo, en la discusión legislativa, debiera evaluarse la incorporación de un punto que no abordó el proyecto: establecer un tope a la tasa de reemplazo del salario de los trabajadores que cursan una licencia médica. Si bien ese límite se impone para parte de los funcionarios estatales (al pagarse hasta el tope imponible), nada cambia para los trabajadores del sector privado. Sería deseable establecer un límite que vaya en línea con lo que cubren otros seguros sociales, un 70% de la remuneración que es lo que cubren tanto el seguro de invalidez como el de cesantía (en su primer mes). Además, dicho monto coincide con el promedio que cubren las licencias médicas en los países de la OCDE. Este elemento es importante ya que sea probablemente constituye la mejor herramienta para evitar que se produzcan abusos.
