Mientras Televisión Nacional de Chile sigue registrando pérdidas – que en el primer trimestre de 2025 alcanzaron cerca de US$ 6 millones, una cifra apenas inferior a la del mismo periodo del año anterior-, en mayo de este año el Directorio del canal advirtió que las condiciones actuales “hacen imposible la viabilidad económica de la empresa” y que no aprobarán “seguir aumentando el endeudamiento de la empresa para financiar gasto corriente, pues ello no sería responsable”. En este contexto, el Gobierno impulsa un proyecto de ley que está próximo a ser discutido en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, tras su aprobación en la Comisión de Cultura.

Hasta ahora, el proyecto de ley se orienta en dos líneas principales:

• Cambios en la gobernanza del canal: se propone incorporar al directorio un representante de los trabajadores, con derecho a voz y voto (hoy solo tiene voz), así como la creación de un consejo asesor del directorio. Además, se busca ampliar significativamente el objeto del canal, incorporando nuevos elementos a su misión pública, como la representación diversa, promoción de derechos de pueblos indígenas, el combate a la desinformación, entre otros.
• Nuevo sistema de financiamiento: se contempla la creación de un fondo patrimonial (endowment) de US$ 30 millones, destinado a invertir en valores y bienes, transfiriendo a TVN únicamente los rendimientos obtenidos. Mientras el fondo no logre una rentabilidad que permita transferir hasta 146.255 UF anuales al canal, se establece un régimen transitorio que incluye un aporte fiscal complementario y la posibilidad de aportes a través de la Ley de Presupuestos.

Problemas del proyecto de ley:

• Sobrecarga de la misión pública: Ampliar los objetivos de la misión pública de TVN de 10 a 18, por loables que sean, resulta poco realista considerando los escasos recursos y la baja audiencia del canal. La pregunta no es si los fines son valiosos, sino si TVN cuenta —o contará— con las capacidades institucionales y financieras necesarias para cumplirlos de manera efectiva.
• Complejidad en la gobernanza: Los cambios propuestos introducen una mayor participación de actores en la toma de decisiones, lo que previsiblemente incrementará la fragmentación, burocracia y dificultades para la gestión. Se contempla la creación de un Consejo de Nuevas Audiencias, con facultades para emitir opiniones propias sobre los asuntos del canal. Esto supone una voz alternativa a la del directorio, generando posibles tensiones y contradicciones internas que dificultarían la toma de decisiones estratégicas y la coherencia institucional.
• Representante de los trabajadores en el directorio: La incorporación de un representante de los trabajadores con derecho a voz y voto, elegido mediante votación directa, plantea serias interrogantes. ¿Cuál será su criterio al momento de deliberar: los intereses del colectivo laboral o el interés general de la empresa? Una elección abierta puede introducir dinámicas de proselitismo entre los trabajadores y fomentar divisiones internas, afectando el funcionamiento organizacional del canal.
• Financiamiento encubierto vía endowment: Aunque se presenta como un mecanismo moderno, el fondo patrimonial se asemeja más a un subsidio permanente. Mientras el fondo no logre una rentabilidad suficiente para transferir los US$5,8 millones anuales proyectados (146.255 UF), el déficit será cubierto con aportes fiscales a través de la Ley de Presupuestos. En la práctica, se configura un aporte basal con cobertura estatal: si el riesgo privado no alcanza, el Estado cubre la diferencia.

Minuta con los cambios aprobados por la Comisión de Cultura.

Análisis LyD: “Proyecto de ley para TVN: ¿las herramientas correctas para enfrentar la crisis?”