Dada la historia de incumplimiento de los compromisos fiscales que se arrastra desde la crisis subprime de 2008, la seriedad de la política fiscal de Chile se ha visto afectada, generando dos rebajas de la clasificación de riesgo de la deuda pública a partir del 2016 por parte de las principales clasificadoras internacionales. Continuar en esta línea tendrá impacto en el costo de la deuda pública. La cual, a su vez, aumentará como consecuencia de un acelerado crecimiento del gasto público y elevados déficits.
Un país más endeudado y con menos ahorro público es más débil para enfrentar futuros shocks. Por tanto, es fundamental retomar la disciplina fiscal en 2025 y los años que siguen y cumplir a cabalidad las metas impuestas (balance estructural y deuda pública).
Una regla de balance estructural es indispensable para la sostenibilidad fiscal, sin embargo, la actual está siendo superada por la “ingeniería fiscal” de las actuales autoridades. Claramente la regla deja espacios que permiten, sin incumplir con la ley, usar recursos públicos contraviniendo el espíritu con el cual fueron creados.
En efecto, para obtener recursos fiscales para financiar el gasto público del 2023 Hacienda realizó retiros desde Corfo y ENAP. Por el lado de Corfo, los recursos retirados (US$3.400 millones[1]) provenían del litio, los cuales, por regla de balance estructural, debían de haber sido traspasados al gobierno central en forma transparente ingresando a la contabilidad fiscal del año respectivo. Por el lado de ENAP, el Estado todavía le adeuda a la empresa más de $500 millones desde 2022 por el proyecto de “Gas a precio justo”, pero en 2023 le retira utilidades por primera vez en 20 años por US$400 millones. En ambos casos el problema no es la legalidad, sino que la conveniencia, ya que el Estado está vulnerando el espíritu con el cual fueron creadas ambas instituciones. Así como elusión tributaria, de acuerdo al SII, corresponde a toda planificación fiscal que mediante operaciones que no se encuentran expresamente prohibidas por disposiciones legales o administrativas logran pagar menos impuestos, el realizar retiros de recursos desde Corfo y ENAP, u otras instituciones, se asemeja a una “elusión fiscal”. Por ende, es urgente implementar mejoras en la contabilidad y la transparencia tanto de las fuentes como los usos de los recursos públicos.
[1] Cerca de US$2.000 millones fueron solicitados en febrero de 2023 y provenían de ingresos de los excedentes del litio. US$ 1.500 millones fueron solicitados en noviembre de este retiro habían sido capitalizados, formando parte del patrimonio de CORFO.
