Hoy, 1° de mayo, se conmemora en el mundo el Día de los Trabajadores. En dicho contexto, vale la pena referirse a la agenda legislativa impulsada por el actual gobierno en materia laboral. La referida agenda contiene una serie de iniciativas legislativas tales como el proyecto que crea un estatuto laboral especial para jóvenes estudiantes (segundo trámite constitucional), la necesaria modernización del SENCE y su franquicia tributaria (primer trámite constitucional), el estatuto que regulará al teletrabajo o trabajo a distancia (segundo trámite constitucional) y el proyecto de sala cuna universal (primer trámite constitucional).
A las iniciativas actualmente en tramitación, se sumará un nuevo proyecto de ley que sería anunciado con mayor detalle el próximo jueves: aquél cuyo objeto es avanzar en la anhelada conciliación entre el trabajo y la familia, además de perfeccionar la ley de inclusión laboral. John Henríquez, abogado de Libertad y Desarrollo, sostiene en relación al nuevo proyecto que “se trata de una iniciativa valiosa y coherente con las necesidades de la población y la literatura disponible. Todas las modificaciones que apunten a flexibilizar la organización de la jornada laboral tienden a aumentar la satisfacción laboral de los empleados. Es conveniente recordar que nuestra regulación del mercado laboral ha sido mal evaluada sistemáticamente. Así lo demuestra el Informe de Competitividad Global (2018-2019), que ubica a nuestro país en la posición 111 en movilidad laboral y 124 en rigidez percibida para contratar y despedir, de un total de 140 países de la medición.”
Con anterioridad a la presentación de este segundo pilar de la denominada “Modernización Laboral”, el Ejecutivo ingresó al Congreso Nacional el proyecto que pretende fortalecer al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y a su franquicia tributaria vigente. Sobre la iniciativa, Henríquez afirma que “existe un diagnóstico transversal sobre la urgencia de reformar a nuestro sistema de capacitación. Tanto la Comisión Larragaña el año 2011 como la Comisión Nacional de Productividad el 2018, nos han señalado que los programas de capacitación no son útiles ni para las empresas -que no obtienen los aumentos en productividad deseados y que no entregan las habilidades que el mercado requiere y valora- ni para los trabajadores -que no obtienen aumentos en sus remuneraciones ni ascensos laborales por la falta de pertinencia de los cursos-. Además, se debe perfeccionar el funcionamiento del SENCE, con el objeto de que pueda fiscalizar debidamente el actuar de los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) y los Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación (OTIC).”
Una de las principales iniciativas de la agenda laboral del gobierno es el proyecto de sala cuna universal. Recientemente, el Ejecutivo firmó un protocolo de acuerdo con los Senadores miembros de la Comisión de Trabajo, con el objeto de viabilizar la tramitación del proyecto. A este respecto, Henríquez afirma que: “la posible eliminación del copago y el consecuente pago por el empleador podría terminar afectando la empleabilidad del grupo al que se quiere resguardar. Desde el punto de vista social, lo óptimo pareciera ser focalizar el beneficio y que el diferencial sea cubierto por recursos fiscales y no mediante un aumento en la cotización”.
Finalmente, Henríquez hizo un llamado a los parlamentarios miembros de las comisiones técnicas que estudian las diferentes iniciativas legales: “cada una de las modificaciones debe ser analizada en su mérito, buscando fortalecer la empleabilidad y flexibilidad que requiere el mundo del trabajo actual. Hay mucho espacio para avanzar e introducirle dinamismo a nuestro mercado laboral”.
