En agosto del año pasado, el Ejecutivo ingresó a tramitación su proyecto de ley de Modernización Tributaria (Boletín N° 12.043-05), cuyo objeto es corregir distorsiones que presenta el actual sistema tributario al reestablecer la equidad horizontal, otorgar certeza jurídica, crear la Cláusula Pyme -que reemplazará al actual Régimen 14 Ter-, incentivar el crecimiento económico, entre otras materias.

Durante estos meses distintos interesados han expuesto su parecer sobre el contenido del proyecto de ley en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados (Primer Trámite Constitucional), siendo los temas abordados con mayor profundidad los relativos a la recaudación de la boleta electrónica, la reintegración del sistema tributario y los cambios al Código Tributario tendientes a fortalecer la certeza jurídica tanto para los contribuyentes como para la autoridad tributaria.

Teniendo en consideración las dudas de la oposición para aprobar la idea de legislar, equipos técnicos de la DC y el PPD realizaron informes sobre los principios y contenidos del proyecto presentado por el gobierno. Producto de los referidos informes, diputados de oposición adhirieron a una minuta denominada “condiciones para legislar en materia tributaria”, cuyo texto sugiere que la aprobación de la idea de legislar estará condicionada al cumplimiento de los siguientes principios: 1.- No es razonable hacer una reforma a la reforma de 2014 sin que ésta se encuentre totalmente en régimen y sin contar con información suficiente para evaluar su magnitud e impacto; 2.- No disminuir la recaudación actual, ni compensar una rebaja con un aumento de eficiencia en recaudación de IVA; 3.- No aumentar la regresividad del sistema tributario, ni retroceder en los avances de progresividad establecidos en la reforma anterior; 4.- No retroceder en el combate de la elusión y la evasión; 5.- Mejorar el régimen tributario de las Pymes; 6.- Fomentar el crecimiento de largo plazo; 7.- Nuevos instrumentos tributarios en materia regional; y 8.- Valorar los avances en desintegración.

“En relación a la propuesta de la oposición relativa a no realizar ninguna reforma, creemos que sí es razonable el presente proyecto, dado los problemas que ha generado la implementación de la reforma anterior y el incumplimiento de sus principales objetivos. Así, consideramos que parte importante de los principios esbozados por la oposición ya se encuentran contenidos en el texto del actual proyecto. Por ejemplo, en cuanto a progresividad del sistema, es destacable la reintegración, toda vez que el actual sistema semi integrado afecta proporcionalmente más a las personas de menores recursos. También es destacable la creación de la Cláusula Pyme -que ha sido celebrada por la Conapyme- ya que elimina restricciones para acogerse a este régimen preferente, permitiendo que una mayor cantidad de pymes pueda gozar de beneficios tales como la tasa reducida (25% en vez de 27%), la liberación de aplicar la corrección monetaria, entre otros.”, señala John Henríquez, abogado de Libertad y Desarrollo.

La mesa técnica integrada por representantes de los diputados de oposición y miembros del Ministerio de Hacienda trabajará durante febrero de este año, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre los principios que permita votar la idea de legislar el proyecto durante el mes de marzo.

Respecto al trabajo de la mesa, Henríquez destaca “es esencial que se llegue a un acuerdo con prontitud, con el mayor consenso posible y que sea coherente con las ideas matrices del proyecto original. Si bien es necesario discutir detalladamente el contenido y alcance de cada una de las modificaciones incluidas, una dilación indebida en la discusión y aprobación del proyecto podría generar incertidumbre en los distintos agentes del mercado”.