
"Es valorable que, frente al significativo aumento de la población inmigrante en nuestro país durante los últimos años- la que alcanza a un 4% de la población residente total en nuestro país según datos del CENSO 2017-, el actual gobierno haya asumido como una de sus prioridades otorgar una nueva legislación y política en materia de migraciones que se adecúe a los tiempos actuales, teniendo como principal objeto asegurar una migración ordenada, segura y regular", asegura Pilar Hazbún, Coordinadora del Programa Legislativo de LyD.
La migración es un fenómeno que trae innumerables ventajas para nuestro país. Claramente trae un impacto positivo en el crecimiento económico, aportando con capital humano más numeroso y calificado y contrarresta también los efectos negativos del envejecimiento de la población chilena. Asimismo, enriquece nuestra cultura con su diversidad, lo que se ve reflejado en diversas áreas, tales como el deporte, en la academia, en el arte, entre otros. Sin embargo, al tratarse de una inmigración muy abrupta concentrada fuertemente en los años recientes, resultaba urgente contar con un marco normativo adecuado y medidas que tiendan a una migración sustentable y regular. Teniendo en cuenta ello, el Presidente Piñera, a inicios de su mandato, dispuso una serie de medidas administrativas inclinadas a promover la regularización de los migrantes y presentó indicaciones al proyecto de ley de migración y extranjería presentado en su mandato anterior, que fuere aprobado el día de ayer.

Asimismo, el proyecto trae importantes cambios en materia de institucionalidad. Se propone crear un Servicio Nacional de Migraciones, que tendrá por tarea implementar y ejecutar la política migratoria. Se crea también un Consejo de Política Migratoria, cuya tarea será formular y actualizar en forma periódica la política migratoria y analizar materias relacionadas con los derechos de los migrantes en materia de educación, salud y vivienda, efectuando propuestas al efecto. Por otro lado, el proyecto establece un sistema flexible de categorías migratorias que busca reflejar el grado de arraigo que el migrante tendrá con el país; define los requisitos de ingreso al país; incorpora modificaciones tendientes a agilizar los procesos de expulsión para aquellos extranjeros que hayan infringido la ley migratoria; reduce la limitación a la contratación de trabajadores extranjeros, entre otras cosas.
"Es positivo, además, que la Sala haya rechazado ciertas indicaciones promovidas por la oposición durante la discusión del proyecto de ley que contrariaban precisamente el propósito de la iniciativa", afirma Hazbún. Así ocurrió, por ejemplo, con el principio de no devolución, que había sido incorporado por la Comisión de Gobierno Interior al proyecto de ley, no obstante ser un principio de carácter excepcional aplicable específicamente a refugiados y asilados políticos. De igual forma, se rechazó la indicación promovida por parlamentarios de oposición que pretendía incorporar una Visa de Oportunidades Laborales. Respecto de ésta, vale la pena señalar que ella era manifiestamente contraria a la idea matriz del proyecto de migraciones. "Lo que procura el proyecto es precisamente que se transparenten los motivos de ingreso al país por parte de los extranjeros, de manera que no ocurra que quienes ingresen como turistas terminen quedándose indefinidamente y exponiéndose a condiciones de precariedad", dice la abogada.
En suma, el proyecto de ley despachado ayer constituye a todas luces un avance significativo en materia de política migratoria, que mantiene un adecuado equilibrio entre el reconocimiento de derechos y deberes de los migrantes, junto con la necesidad de conducir este proceso de manera fluida y ordenada para evitar precarización y rechazo en la población nacional.