El rector Ennio Vivaldi, presidente del Consorcio de Universidades del Estado, acusó al Ministerio de Educación de bloquear la implementación de la gratuidad. Lo cierto es que ésta ha avanzado conforme lo determina la ley aprobada durante el gobierno anterior, y la actual administración ha cumplido a cabalidad. Tanto así que, para 2019, dispuso un presupuesto de más de US$ 1.700 millones, 9% superior al del año pasado, para financiar un mayor acceso a esta política.

La insuficiencia de los recursos que la gratuidad entrega no se explica por la falta de voluntad del actual gobierno, sino que de un mal diseño original, que contempla la fijación de aranceles por debajo del costo real de proveer educación. Esto se sabía desde la tramitación de la ley en el Parlamento y así muchos lo hicimos ver en su momento. Los rectores, sin embargo, legitimaron y suscribieron a esta política en forma apresurada, pensando más en los recursos frescos que recibirían del Estado en lo inmediato, y no de los problemas que la gratuidad traería en el mediano plazo.

En lugar de traspasar culpas a la actual administración, sería una buena señal que los rectores asumieran su responsabilidad y que, en vez de seguir presionando por más recursos, realizaran propuestas de mejora que no signifiquen un mayor gasto.

Carta de María Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-