En el contexto de la negociación del reajuste del sector público del 2018, la mesa de negociación de este sector ha presentado desmedidas exigencias. Hay que mencionar que su demanda no solo consideraba originalmente un reajuste de remuneraciones de 8,0% nominal, sino que también una serie de importantes y múltiples beneficios adicionales, todo lo cual costaría al erario público en torno a US$3.500 millones.

Para una discusión apropiada, es necesario tener en cuenta que la negociación del reajuste del sector público se puede descomponer en dos componentes principales: i) el reajuste propiamente tal de las remuneraciones del sector público; y ii) una serie —larga— de beneficios adicionales. Para tener una idea del impacto de ambos componentes en las finanzas públicas, en la siguiente tabla se puede observar que los recursos públicos involucrados solo en el reajuste de remuneraciones de los últimos cuatro años representan, en promedio, el 61% del costo total de la negociación efectiva, mientras que el costo de los otros beneficios ha representado el no despreciable 39% del gasto total. "Con esta información se demuestra, por tanto, que ambos componentes de la negociación son relevantes para efectos del impacto fiscal, siendo que normalmente la discusión pública se centra sólo en el primer componente", explica la Economista Senior de Libertad y Desarrollo, Macarena García.

Respecto del planteamiento actualizado al día 20 de noviembre de los trabajadores del sector público —que considera un reajuste de 7,5% de las remuneraciones con un costo estimado de US$3.360 millones—, la calificamos como desmedida ya que:

• El costo de US$3.360 millones supera con creces los costos de las negociaciones de los últimos cuatro años.
• El costo de US$3.360 millones es cercano a los recursos necesarios para la reforma de pensiones en régimen, la cual, según la misma oposición, no cuenta con financiamiento.
• El reajuste nominal del sector público debe considerar la pérdida de valor adquisitivo producto de la inflación —la cual se estima en 2,5% promedio para este año— y el incremento en productividad laboral —el cual estimaciones fijan en torno a 0,5%—. Con todo, un reajuste superior a 3% no tiene fundamento.
• La discusión del reajuste del sector público de 7,5% es solo uno de los componentes en la negociación. El costo fiscal de los otros beneficios es tan o más importante que el reajuste propiamente tal. Su ausencia de la discusión pública sólo confunde el adecuado análisis.