La semana pasada el Ejecutivo anunció los primeros proyectos de ley destinados a implementar las medidas anunciadas en julio en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. Distintos personeros políticos, tanto de gobierno como de oposición, del mundo municipal, de la sociedad civil y de las Fuerzas de Orden y Seguridad, tras 90 días de discusión, propusieron 150 medidas para hacerse cargo de una de las mayores preocupaciones de los chilenos: el combate contra la delincuencia.
"En los últimos años y de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), la sensación de inseguridad y la percepción de la delincuencia por la población se encuentran en niveles relativamente altos, lo que se acompaña de una desconfianza hacia las distintas autoridades encargadas de la seguridad ciudadana del país", señala María Trinidad Schleyer, investigadora del Programa legislativo de Libertad y Desarrollo.
Las medidas comprometidas en el Acuerdo están orientadas a revertir esta situación por medio de restablecer la confianza en las autoridades, creando normas de probidad y transparencia para las policías; hacerse cargo de la mayor participación de las armas de fuego en los delitos de mayor connotación social y en el crimen organizado, aumentando las medidas de fiscalización y control de armas y generando mayores incentivos para la entrega voluntaria de las mismas; incentivando mayor coordinación y colaboración entre los organismos de seguridad, fortaleciendo el Sistema de Inteligencia del Estado y coordinando a los actores del Sistema de Persecución Penal; junto con mejorar los sistemas de prevención del delito, incorporando un nuevo y relevante actor en estas tareas: las municipalidades.
María Trinidad Schleyer explica que gran parte de las medidas propuestas requieren para su concreción pasar por el trámite legislativo y se encuentran comprendidas, casi en su totalidad, en los proyectos anunciados por el Ejecutivo: Modernización institucional y fortalecimiento de la probidad y transparencia en Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; Fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado; Establece normas especiales para la entrega voluntaria de armas de fuego a la autoridad, fija obligaciones a ésta, determina un plazo para la reinscripción de dichas armas y declara una amnistía; y, Modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, fortaleciendo el rol preventivo de los gobiernos locales. Con esto se da un primer paso hacia lo comprometido por el Presidente Piñera en su campaña electoral, lograr que nuestro país vuelva a ser un lugar “donde podamos caminar por nuestras calles, plazas, parques y campos con seguridad y tranquilidad”.
