Todos somos conscientes de la gran importancia que tienen los medicamentos para la salud de la población. Sin embargo, declarar que son bienes esenciales para el interés general de la Nación (cuestión que recientemente aprobó la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a propósito de la tramitación del proyecto de ley conocido como 'Fármacos II'), tiene otras implicancias que pueden resultar muy complejas en términos del funcionamiento de la industria y para los consumidores a quienes se dice querer proteger. Ocurre que esta calificación hace referencia a las limitaciones que pueden imponerse al derecho de propiedad sobre la base de su función social, limitaciones que, por cierto, deben establecerse por ley.

Pero, además, se vincula a las causales que deben concurrir para proceder a la expropiación. Es decir, por medio de esta declaración se está configurando, a priori, el primer requisito para poder expropiar (que exista interés nacional) sin perjuicio del texto legal por medio del cual se ha de autorizar a la autoridad sanitaria para expropiar. Si dicho texto resulta además en uno de carácter más bien general conllevará una forma de expropiación administrativa, con graves consecuencias en términos de acceso a los fármacos. Esperamos que esta modificación al proyecto de ley de Fármacos II no sea apoyada en la votación en la sala de la Cámara de Diputados, y que sea objeto de un mayor análisis que el que se efectuó en la Comisión de Salud de manos de la oposición.

Carta de María Trinidad Schleyer, investigadora del Programa Legislativo de LyD, publicada en La Tercera.-