Al cumplirse 25 años de la promulgación de la Ley N° 19.253, mejor conocida como Ley Indígena, cabe hacer una reflexión sobre cuál ha sido el impacto de esta normativa y sobre la actual situación de los indígenas de nuestro país, grupo que actualmente representa un 9,5% de la población total según la Casen 2017.

Hace un par de semanas el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer el acuerdo nacional que da vida al Plan Impulso Araucanía. En este acuerdo se plantean medidas atribuibles exclusivamente a personas indígenas, como -por ejemplo- la eventual modificación de la Ley Indígena para flexibilizar las condiciones de utilización de tierras por parte de las comunidades permitiendo el arriendo de tierras sin que estas dejen de ser indígenas. Asimismo, esa modificación pretende ampliar el plazo que prohíbe la enajenación entre indígenas de las tierras adquiridas con fondos de la CONADI, otorgando una mayor libertad para el uso de las tierras.

"No obstante, hay que recordar que dentro de la Ley Indígena se encuentra plasmado un artículo que ha generado controversia en los últimos años, principalmente porque en sus inicios se planteó como una medida compensatoria por parte del Estado a las comunidades que exigían la reivindicación de sus tierras ancestrales, lo que hacía suponer que era una política que debiera ser acotada en el tiempo y en territorio", explica Javiera Cid, investigadora del Área Política de Libertad y Desarrollo. El artículo 20 (A y B) que hace referencia a la política de entrega de tierras y aguas ha quedado fuera de la discusión aún cuando una de las causas por la cual se generan instancias de violencia en el sector ha sido atribuido en parte a esta política compensatoria.

"Luego de los 25 años de vigencia de la ley, ésta se ha concretado en una mala implementación de políticas de carácter asistencialista, que es en parte lo que se pretende corregir con el Plan propuesto", señala Javiera Cid. Sin embargo, existen dudas de si existirá a futuro el planteamiento de una solución o proyección al problema que hoy existe respecto de la contínua entrega de tierras a los pueblos indígenas, considerando que el actual gobierno se ha comprometido en terminar tanto con los problemas económicos de la región como con los problemas de seguridad y violencia.