
En 2017 realizamos un sondeo a personas que se desempeñan en distintos ámbitos del mundo educacional y detectamos al menos 5 fuentes de sobrecarga administrativa con las que se enfrentan los establecimientos:
1.- No hay claridad sobre el uso que se le puede dar a los recursos: existen actualmente ocho subvenciones a través de las cuales el Estado transfiere recursos a los sostenedores de establecimientos educacionales, cada una con un propósito particular pero a la vez muy amplio. Los directivos deben estar verificando que los usos que se dan a los recursos correspondan a aquellos “aprobados” por la Superintendencia y que se esté generando toda la documentación de respaldo que ésta exige.
2.- Los establecimientos no cuentan con las capacidades técnicas necesarias para dar respuesta a los requerimientos.
3.- El proceso que se debe seguir para poder utilizar los recursos es muy complejo, de hecho, ha surgido todo un mercado de asesoría sobre temas relativos a la planificación estratégica en establecimientos educacionales.
4.- Los requerimientos que hacen los distintos organismos del Estado muchas veces no consideran las particularidades y plazos con que funciona cada establecimiento escolar.
5.- No hay claridad sobre la cantidad de recursos con que contará el colegio el próximo período lo que dificulta la planificación y proyectos de mejora.
Si lo que queremos es lograr una educación de calidad, ¿Cómo hacemos frente a este problema? En el marco del plan "Todos al Aula", el Presidente Piñera anunció la creación de un grupo de trabajo, del cual Libertad y Desarrollo es parte, para sacar a los profesores de esta burocracia.
Los cambios a implementar debieran ir en la línea de:
- flexibilizar el uso de los recursos: la autonomía es uno de los elementos esenciales para el éxito de las escuelas.
- entregar resultados de postulaciones de fondos anuales en febrero de cada año: así los sostenedores y directivos pueden hacer los ajustes necesarios en la planificación durante los primeros días de marzo y comenzar el año de forma adecuada.
- entregar todas las instrucciones y orientaciones al menos 6 meses antes que comience el año escolar y cambiarlas lo menos posible.
- mejorar el proceso de planificación estratégica exigido a los establecimientos.
- eliminar obligación de licitar los servicios de asesoría y capacitación.