Existe consenso transversal respecto a que nuestra legislación en materia migratoria, del año 1975, resulta obsoleta y no se hace cargo de la actual situación que se vive, generando vacíos que dan cabida al ejercicio discrecional de la potestad administrativa y produciendo una regulación inorgánica y sin mirada de largo plazo. A ello se suma el exponencial y considerable aumento del flujo migratorio hacia Chile en los últimos años y la inexplicable inacción de la administración saliente en la materia. Por ello, hoy resulta urgente abordar esta situación con miras a fortalecer la política pública migratoria de Chile, generando una integración reglada y armoniosa.

¿Qué hay que tener en cuenta en este tema?

1) Cómo el flujo de inmigrantes se recibe en el país, tanto desde el punto de vista de condiciones materiales (salud, educación, vivienda y empleo), como de su inserción cultural y convivencia con los ciudadanos nacionales. Se trata entonces de determinar qué tipo de regulación es adecuada para que el flujo migratorio sea absorbido cuantitativamente y así la inmersión de los inmigrantes sea fluida, no provoque rechazo en la población nacional, ni capacidades desbordadas.

2) Que dado que la inmigración es un fenómeno de carácter dinámico y en evolución, una regulación mal diseñada crea incentivos que pueden alterar los flujos migratorios y generar situaciones como tráfico de migrantes manejados por mafias que terminan atentando gravemente contra sus propios derechos.

3) Que el respeto a los derechos de los inmigrantes y su homologación con los de los nacionales lleva indudablemente a presionar el gasto público y pone un límite al estado de bienestar que un país puede financiar. De acuerdo al informe financiero del proyecto de ley recientemente propuesto por el Ejecutivo, el mayor gasto en beneficios sociales para los migrantes sería del orden de los $ 141 mil millones al año, lo que considera solo el gasto en atención primaria de salud y en educación pública escolar. Esta es justamente una de las razones por las que la inmigración es tan importante hoy en la política interna de muchas naciones. Derechos sociales universales y un enfoque de derechos absolutos a la inmigración son incompatibles, como lo ha demostrado la crisis migratoria que vive Europa.

4) Los inmigrantes traen una serie de beneficios económicos al país. Ellos vienen a trabajar por lo que suelen tener una tasa de participación en la fuerza laboral mayor al promedio. En Chile, al menos hasta 2015 las cifras muestran que son más educados que los nacionales. Según la Encuesta Casen 2015, los extranjeros cuentan con un promedio de años de escolaridad de 12,5 mientras que los nacionales, con 11. Sus cifras de criminalidad son también menores que las de los nacionales, lo que resulta previsible por el riesgo de expulsión del país en el que incurren. Pese a ello, los datos indican que las cortes tienen un criterio pro-inmigrantes en sus fallos. De acuerdo a un informe del Observatorio Judicial, la Corte Suprema en los años 2016 y 2017 falló a favor de los inmigrantes en el 67,2% de los casos, declarando ilegal el respectivo decreto de expulsión.