Hoy concluyó el trabajo de la mesa que convocó el Presidente Sebastián Piñera para elaborar un Acuerdo Nacional por la Infancia que avanzara en la definición de lineamientos de acción. El propósito de este trabajo fue promover el desarrollo integral de todos los niños y adolescentes, “para que éstos alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades, generando mecanismos que permitan actuar a tiempo y prevenir que alguno de ellos se quede atrás, así como también proteger aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados”.

Entre los lineamientos que se fueron señalados como prioritarios, están los siguientes:

• Fortalecimiento y apoyo a la familia y la comunidad.
• Acciones concretas hacia la erradicación de la violencia hacia los niños.
• Establecimiento de garantías de derechos para la niñez, que permitan articular a distintos órganos del Estado hacia ese propósito.
• Articulación territorial para promover y proteger el cumplimiento de los derechos de los niños.
• Medidas en materia de Educación y Salud que aseguren la atención adecuada de los niños.
• Creación de un sistema de monitoreo que desde diversos sectores permita alertar, detectar y prevenir eventuales vulneraciones a niños y adolescentes.

Adicionalmente, uno de los aspectos que llama la atención, tiene que ver con que en esta instancia se reconociera explícitamente que el Estado –y la sociedad- han fallado en su rol relativo a la protección de los niños, niñas y adolescentes. "Este hecho, por muy simple que parezca, marca un hito y un buen punto de partida para que se comience a enfrentar esta materia desde una mirada crítica y con acciones concretas y efectivas", señala María Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo.

En línea con ese hecho, y en lo que dice relación con la protección de los niños y adolescentes vulnerados, de acuerdo a lo señalado en el libro “La Infancia Vulnerada” (Ediciones LyD, año 2018), hasta hace un tiempo se ha observado una lamentable “autocomplacencia institucional”[i], en tanto los programas del Sename “no han sido evaluados, ni se ha medido su impacto o eficiencia de manera objetiva y vinculante”. En cambio, sólo existen estudios realizados por el mismo Sename o Ministerio de Justicia, “ninguno de los cuales reúne el requisito de imparcialidad”[ii]. En este sentido, y dados los antecedentes disponibles, es clara la necesidad de avanzar en el fortalecimiento del rol del Estado en el monitoreo, fiscalización y coordinación del sistema de atención[iii].

En ese contexto, la semana pasada se informó sobre algunos de los resultados de una auditoría realizada a los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) del Sename. Estos son los centros que el Estado administra directamente y si bien en el papel, una de sus principales funciones es “asegurar una adecuada calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes atendidos (…), con el fin de promover su desarrollo integral y minimizar el impacto de la internación”[iv], los resultados que se dieron a conocer dan cuenta de una situación de precariedad: un 27% de los centros tienen una ambientación inadecuada y 54,5% muestran problemas respecto a ciertas normativas. Adicionalmente, se encontraron deficiencias en la elaboración de los planes individuales para los niños tratados y se reporta que 45% de los niños atendidos se encuentran fuera del sistema escolar y un 41,7% presenta consumo problemático de drogas y alcohol[v].

Existen aproximadamente 280 centros residenciales que atienden a más de 13 mil niños al año. De estos, sólo 11 corresponden a CREAD, mientras que la mayor parte corresponde a Organismos Colaboradores Acreditados (OCAS), que son instituciones administradas por privados que se financian a través de una subvención. Considerando la totalidad de programas relativos a la protección de niños y adolescentes vulnerados, los CREAD realizan el 96% de las atenciones del sistema. Mientras el número de atenciones realizadas por los CREAD ha ido cayendo en los últimos años (caída de -27% anual promedio entre 2008 y 2015) y las atenciones de los OCAS han experimentado un aumento sostenido (de 13% promedio), paradojalmente un 35% del presupuesto del Sename se asigna a la operación de los CREAD, versus un 60% que se dirige al funcionamiento de los OCAS[vi].

En este sentido, si bien aún falta conocer el detalle de la auditoría a los CREAD –y la que se llevará a cabo en los OCAS-, estos resultados preliminares vienen a ratificar la información que se ha conocido en los últimos años –y que hoy confirman quienes participaron en la mesa de trabajo- respecto a la insuficiencia con que el Estado ha cumplido su labor de proteger a los niños y adolescentes vulnerados, tanto en la administración directa de atenciones como su rol de supervisión y coordinación. "Cabe esperar que pronto comencemos a ver avances en funciones en las cuales el Estado es el único capaz de actuar", sentencia Arzola. Uno, en la realización de un sistema de monitoreo y evaluación, en que se mantenga un seguimiento de los niños atendidos, incluso una vez que egresan del sistema, de tal forma de anticiparse –y prevenir- eventuales reingresos. Dos, en la realización de una evaluación continua e imparcial de los programas de atención, orientada al cumplimiento de los estándares esperados. Y tres, en la coordinación con otros organismos del Estado, con el fin de generar espacios para que en cada uno de sus ámbitos se tenga a estos niños y adolescentes en el lugar de prioridad que debiesen tener.

[i] En “La Infancia Vulnerada” (2018), Ediciones LyD, pp. 132.

[ii] En “La Infancia Vulnerada” (2018), Ediciones LyD, pp. 139.

[iii] Ver “La Infancia Vulnerada” (2018), Ediciones LyD, pp.158.

[iv] Fuente: página web Sename: http://www.sename.cl/web/oferta-de-proteccion/

[v] Fuente: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/05/24/907329/Pinera-recibe-primera-auditoria-a-centros-del-Sename-Las-conclusiones-son-tristes-y-a-veces-dramaticas.html

[vi] Fuente: “La Infancia Vulnerada” (2018), Ediciones LyD, pp.118. El 5% restante del presupuesto se destina a gastos operacionales y administrativos del servicio.