Esta mañana se aprobó en la Comisión del Medio Ambiente del Senado, con leves modificaciones, la indicación sustitutiva ingresada por el Gobierno hace algunas semanas al proyecto de ley que establece la prohibición y sustitución progresiva de las bolsas de polietileno, polipropileno y otros polímeros artificiales no biodegradables en la Patagonia Chilena (Boletín Nº9133-12), que sustituyó el texto íntegro del referido proyecto, por uno nuevo que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional.
Tal como lo hizo presente la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, ante la mencionada Comisión, la indicación sustitutiva recogió distintas mociones parlamentarias -propuestas por distintos congresistas- que abordaban la regulación del uso de las bolsas plásticas y sus consecuencias para el medio ambiente. Además, hizo presente que ya han sido 58 municipalidades, las que a través de ordenanzas, han regulado el uso de las bolsas plásticas.
En definitiva, el proyecto de ley prohíbe a los establecimientos de comercio la entrega de bolsas plásticas de comercio, que son aquellas producidas por un polímero que se produce a través del petróleo, entregadas por un establecimiento para el transporte de mercadería; o en el caso de compras realizadas por medios electrónicos, bolsa de transporte de mercaderías que es entregada al consumidor final. Se excluyen de esta prohibición las bolsas que constituyan el envase primario de alimentos, que sea necesario por razones higiénicas o porque su uso ayude a prevenir el desperdicio de alimentos.
Entre otros aspectos esenciales del proyecto, se establece que la fiscalización del cumplimiento de esta normativa quedará a cargo de las municipalidades, y que el incumplimiento será sancionado con una multa a beneficio municipal de hasta 5 UTM por cada bolsa de plástico entregada. Asimismo, que el Ministerio del Medio Ambiente promoverá e implementará programas de educación ambiental dirigidos a la ciudadanía sobre el uso de bolsas de plásticas de comercio.
En cuanto a la vigencia de la ley, se contempla un plazo de 6 meses contados desde la publicación, y de 2 años, tratándose de micro, pequeñas y medianas empresas. Con todo, en el tiempo intermedio entre la publicación y los referidos plazos de vigencia, los establecimientos de comercio podrán entregar un máximo de dos bolsas de plástico a los consumidores, por cada compra realizada.
Si bien existe apoyo transversal en el Congreso respecto de esta iniciativa, y al mismo tiempo interés de la ciudadanía de avanzar en la reducción del uso de bolsas plásticas, y consecuente protección del medio ambiente, la prohibición total de entrega de bolsas plásticas es una medida drástica que no asegura necesariamente la consecución del objeto buscado con el proyecto, que es la protección del medio ambiente. “En efecto, la realidad demuestra que la inmensa mayoría de los chilenos utiliza las bolsas plásticas para botar la basura, y el hecho de eliminarlas, sólo originará una sustitución hacia bolsas de otro material”, señala la Coordinadora del Programa Legislativo de LyD, Pilar Hazbun.
De este modo, más que prohibir la entrega de bolsas plásticas, se puede avanzar hacia una regulación como la que tienen otros países, donde se racionaliza su uso, cobrando al cliente por el uso de bolsas. "Además, deben explorarse otras medidas y políticas que tiendan a la protección del medio ambiente y a educar a la población en esta materia. Más que medidas de prohibición como la propuesta se debe avanzar en forma decidida en materia de reciclaje", agrega la abogada.
En este sentido, el proyecto hoy aprobado en la Comisión de Medio Ambiente del Senado requiere sin dudas un análisis más profundo, que esperamos se produzca en la siguiente etapa de su tramitación.
