En su programa de gobierno, Guillier propone tomar 3% de la cotización obligatoria de salud y destinarlo a un Fondo Solidario Nacional para fortalecer “la universalidad y calidad de la atención pública”. Como veremos a continuación, esto implica, en simple “bajar de los patines” a quienes están asegurados en el sector privado, a costa de incluso perjudicar el ya desmejorado sistema público de salud.

En primer lugar, esto corresponde a una expropiación de 3 de los 7 puntos que los trabajadores cotizan para salud, lo que equivale a 43% de su cotización. "Todos los asegurados en el sistema Isapre (3,4 millones de personas), en caso de querer conservar los beneficios que reciben actualmente, tendrían que reponer con sus ingresos el monto señalado, lo cual sin duda resulta en un perjuicio respecto de su situación actual", explica Alejandra Candia, Directora del Programa Social de Libertad y Desarrollo.

Al igual que la reforma a las pensiones propuesta por el gobierno (que propone un aumento de pensiones vigentes con 2 de los 5 puntos adicionales que se destinarían a mayor ahorro previsional), serían sólo los trabajadores formales quienes, con parte importante del dinero que destinan a salud financiarían la mejora propuesta al sistema público, lo que equivale a un impuesto al trabajo formal por un beneficio que incluso en la práctica es poco probable que usen.

"Por su parte, si consideramos la existencia del actual tope imponible, esto resulta doblemente regresivo, puesto que además de no ser financiado necesariamente por los de mayor ingreso, en proporción quienes tienen una remuneración por sobre el tope imponible se les extraerá un menor porcentaje de sus ingresos que quienes tiene un sueldo inferior a dicho umbral", dice Candia.

Además, en promedio, al menos 1,5 de los 7 puntos de la cotización se destinan al pago de licencias médicas, por lo que la recaudación por parte del Fisco de 3 de los 7 puntos dejaría disponible apenas 2,5 puntos para financiar prestaciones en salud de planes en el sistema de Isapres. En concreto, los 3 puntos equivalen a US$1.205 millones menos al año disponibles para prestaciones en salud, lo que sin duda podría implicar un desmejoramiento en la atención de los asegurados en Isapre e incluso el potencial fin de la industria, monopolizando con ello el aseguramiento en manos del sector público.

"El desmejoramiento (y potencial fin) de las Isapres, o (en su defecto) el hecho que los beneficiarios de Isapre deberán reponer con sus ingresos el monto solidarizado si quieren mantener los beneficios que actualmente reciben, no afecta sólo al sector más acomodado de la población, como suele pensarse", explica Candia. De acuerdo a estimaciones realizadas con la encuesta CASEN 2015, del total de beneficiarios del sistema Isapres (abiertas y cerradas) más de 750 mil pertenecen a los tres primeros quintiles de ingreso, lo que equivale a 200 mil hogares con un ingreso total promedio de cerca de $556 mil pesos.

Además, y utilizando la metodología del Banco Mundial, 63,4% del total de beneficiarios de ISAPRE (más de 2.150.000 beneficiarios) pertenecen a la clase media.

Por último, si bien los 3,4 millones de personas que están asegurados por el sistema Isapre tendrán menos recursos disponibles para los beneficios en salud que reciben, existe un grupo de ellos que puede verse más afectado que otro. Utilizando datos de la Asociación de Isapres, estimamos que con la medida propuesta por el candidato Guillier al menos 28% de los afiliados a Isapres estaría en riesgo de tener que irse a FONASA, puesto que, luego de descontársele el 3%, el monto pactado actualmente con su Isapre no le alcanzaría para comprar un plan de salud básico. Esto significa que cerca de 1 millón de beneficiarios corre el riesgo de pasar a formar parte del sector público, lo que no sólo empeora su atención en términos de calidad y oportunidad, sino que también la de quienes estando en FONASA hoy no acceden a prestaciones a tiempo.

En suma, si bien se comparte el objetivo de mejorar la calidad y oportunidad del sector público en salud, estimamos que un impuesto al empleo formal no es el camino, así como tampoco expropiar los recursos de quienes hoy están asegurados por el sistema Isapre, la gran mayoría de ellos pertenecientes a la clase media. Mejorar la eficiencia de sus prestadores, fomentar la cooperación público privada, incentivar la llegada de más especialistas, e incluso potenciar el rol de otros profesionales de la salud en la atención de pacientes, parecen ser mejores alternativas para abordar los desafíos del desmejorado sector público en salud.