Rodrigo Vergara, ex Presidente del Banco Central e investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), es enfático: el actual sistema de pensiones tiene muchas virtudes y es por eso que es mirado con mucho interés en distintas partes de mundo. "Es un sistema que cuenta con tres pilares, el de ahorro obligatorio, el de ahorro voluntario y el pilar solidario. El primero es con el que parte el sistema y es de contribución definida, con administradores profesionales y altamente regulados. Por ser un sistema de capitalización es financieramente sostenible en el tiempo, lo que lo diferencia en forma importante de los sistemas de reparto y es por lo mismo que muchos países han ido moviendo al menos parte de sus sistemas a uno de estas características. La administración profesional garantiza el buen uso de los recursos, y busca maximizar la rentabilidad, ambas claves fundamentales para alcanzar mejores pensiones", explica, haciendo hincapié en que ha sido muy común en algunos países que los recursos previsionales se usen con fines políticos, riesgo que no existe en nuestro sistema previsional, que asegura el que el afiliado es el dueño de sus ahorros. "Nuestro sistema, además, minimiza los efectos negativos en el mercado laboral, genera más ahorro y promueve un mercado financiero de largo plazo, entre otros beneficios que son positivos desde una perspectiva macroeconómica", asegura.
¿Qué aspectos habrían de perfeccionarse en este sistema?
Nuestro sistema previsional no es perfecto y requiere modificaciones. Me gustaría ver más competencia entre las administradoras (aunque cabe reconocer que ha aumentado en los últimos años) y más información. La tasa de contribución es baja, al igual que la edad de retiro. El pilar solidario debiera ser algo más generoso. Los parámetros (edad de retiro, tasa de cotización) requieren de un ajuste hace tiempo. Además, tenemos un problema con los independientes. Todo ello ayudaría a mejorar las pensiones, que es el objetivo que se persigue.
¿Cree Ud. que el proyecto presentado por el gobierno permitirá aumentar las pensiones?
Por definición con el proyecto del gobierno aumentan las pensiones respecto a la situación actual. Hay 5 puntos de mayor cotización que van a ir al sistema de pensiones. Tres de esos cinco puntos irían a algo parecido a las cuentas individuales de las AFP (“cuentas personales”), lo que implica que el ahorro aumenta y, para una misma rentabilidad neta, también lo harían las pensiones futuras. Los otros dos puntos van a distintas formas de transferencias (intergeneracional, intrageneracional y un bono compensatorio a las mujeres). Esos mecanismos aumentan las pensiones de unos con recursos de otros, pero respecto a la situación actual suben porque son recursos adicionales. Luego, la pregunta relevante no es si suben o no las pensiones, si no si con la cotización adicional se logra el mayor impacto posible en las pensiones. Mi respuesta es que no, que hay mecanismos más eficientes y justos para el uso de estos recursos.
¿Qué rescata del proyecto presentado por el gobierno?
Hay aspectos rescatables. En primer lugar, que se enfrente el tema de las pensiones bajas me parece en sí un avance. El aumento de la cotización era algo imprescindible de hacer, y se valora que exista un acuerdo transversal de avanzar en esa dirección. Me parece que el bono mujer que plantean tiene un diseño interesante, y además incluye un incentivo para ellas a postergar la edad de retiro (aunque la propuesta de Sebastián Piñera plantea incentivos a postergar la edad de retiro para todos los cotizantes, más continuos y acentuados en las mujeres). Estoy de acuerdo con el aumento del tope imponible, puesto que, entre otros aspectos, disminuye la regresividad del aumento en la tasa de cotización, aunque tiene efectos colaterales que habrá que estudiar. Me parece importante que la redistribución intrageneracional que plantea el proyecto incluya incentivos al trabajo y a la cotización, en cuanto se paga por meses cotizados (tiene, no obstante, el potencial problema de incentivar a subcotizar). También que en teoría la redistribución intergeneracional sería transitoria (aunque todos sabemos que la economía política de esto no es fácil).
¿Qué aspectos no le parecen bien del proyecto presentado por el gobierno?
En términos gruesos hay al menos tres aspectos que considero no van en la dirección correcta. En primer lugar, los puntos adicionales de cotización debieran ir íntegros a la cuenta individual. Ello maximiza el impacto sobre las pensiones de la clase media en el largo plazo. Además, esa es la forma de asegurar la menor distorsión posible y luego el menor impacto negativo en el empleo y el mayor impacto positivo en el ahorro. La redistribución (mejorar pensiones hoy) debiera hacerse con recursos generales de la nación y cuidando muy bien los incentivos de largo plazo a la cotización y al ahorro (en ese sentido, la propuesta de Piñera es superior a la de este gobierno). Segundo, el sacar a las AFP de la administración de los recursos extras que van a la cuenta individual no tiene ningún sustento técnico. Otra forma de decirlo es que la creación de este ente estatal para administrar monopólicamente esos recursos adicionales, además de tener riesgos en sí mismo, no se justifica y tampoco asegura mayor rentabilidad o menores costos de administración (claves para la maximización de las pensiones que es el objetivo final de esta reforma). Tercero, me parece que la forma que se hace la redistribución no es la óptima e incluye aspectos que llevan a una menor progresividad que la deseable. Por ejemplo, el aporte intergeneracional es mayor en términos absolutos para las pensiones más altas que para las más bajas, con un tope de $120.000. La PBS y el APS no suben; no se incluyen a los pensionados del sistema antiguo, entre otros aspectos.
¿Cómo repercute en nuestra economía, que lleva varios años de bajo crecimiento, la pérdida de empleos a la que se refiere el Informe de Productividad que acompañó el ingreso del proyecto (en el límite superior, más de lo que esta administración ha creado en 4 años)?
El que se hagan Informes de Productividad es una muy buena práctica, pero este informe está mal hecho. No se sostienen elasticidades de esa magnitud. Más aún, como creo en las buenas intenciones de las autoridades, estoy seguro que si ellos creyeran que hay una probabilidad de perder 400 mil empleos producto de la reforma, lo único sensato sería retirarla de inmediato o al menos no intentar aprobarla con la premura que hoy parecieran tener. Con todo, esta reforma tiene mayor efecto negativo en el empleo y un menor efecto positivo en el ahorro que si toda la cotización fuera a las cuentas individuales. Dados los potenciales efectos negativos de esta reforma en una variable tan relevante para las mejoras en pensiones de nuestro país como lo es el empleo formal, me parece que es importante que el debate se haga con toda la información disponible y sin apresuramientos.
¿Qué opina de la creación de un ente estatal (Consejo de Ahorro Colectivo) para administrar toda la mayor cotización de los trabajadores?
No le veo mayor sentido. Se introducen costos innecesarios y nada asegura una mayor rentabilidad y menores costos administrativos que los de las actuales administradoras. Ya dije que creo que lo mejor es que la cotización adicional vaya a las cuentas individuales y no veo razón para que las actuales administradoras no puedan hacer eso. De hecho creo que a la larga sería más barato y muy probablemente los fondos estarían mejor administrados. Ello debiera ir acompañado de introducir más competencia al sistema.
¿La estructura/nombramiento del Consejo de Ahorro Colectivo (tipo Banco Central) asegura su autonomía?
Yo creo que con los mecanismos adecuados de selección, y responsabilidades y funcionamiento bien diseñados, se pueden lograr Consejos autónomos. Es decir me parece que lo del gobierno corporativo en teoría estaría bien. Con todo, me parece que surgen muchas dudas del proyecto en relación a si las reglas aseguran una administración óptima de los recursos. En particular pareciera que la intensidad regulatoria es inferior a la que tienen las AFP, lo que introduce riesgos financieros, y también políticos.
