
Para empezar, para poder aumentar las pensiones en 20%, la mayor cotización en los primeros años iría a financiar pensiones de los actuales jubilados en vez de las cuentas individuales de los trabajadores, ósea, todo iría a solidaridad intergeneracional. Al reemplazar al Estado en su obligación de complementar las pensiones con los trabajadores, se cambia el paradigma del sistema de pensiones. No solo se rompe la lógica de la propiedad de los ahorros, sino que se rompe la relación directa entre “mayor ahorro, mayor pensión” que hoy existe y solo se instala un componente de reparto en nuestro sistema previsional.
Esto también tendría un costo anual de US$ 415 millones. A esto hay que sumarle los US$590 millones que costaría el aumento de los 0,83 puntos de cotización. Esto mejorará las pensiones de vejez y de las mujeres que se retiran más tarde.
Hay varias consecuencias económicas negativas que conllevan este proyecto de ley. No solamente disminuyen los incentivos de ahorro,sino que aumentan los incentivos a la subdeclaración/informalidad. También al disminuir el ahorro a nivel país, se requerirán más recursos para dar iguales beneficios a las futuras generaciones, empujando un círculo vicioso difícil de detener que se acentúa dada nuestra realidad socio demográfica,en la que cada vez hay más personas pasivas por personas activas. Al instalar un componente de reparto en nuestro sistema previsional implica que en el futuro se requeriría de un mayor aporte para obtener los mismos beneficios.
Si lo que se busca es introducir solidaridad al sistema, se podría haber potenciado el Pilar Solidario en vez de introducir un sistema nuevo. Éste se financia con impuestos generales, los que generan menos distorsiones que el mecanismo propuesto.