La ley de reforma del sistema de educaciĆ³n superior que fue recientemente aprobada se ha mostrado poco viable debido a que restringe el presupuesto de estas instituciones y centraliza su administraciĆ³n, retrocediendo el progreso que algunas de estas ya han logrado. Al mismo tiempo, la ley elimina fondos que varios estudiantes han podido acceder para obtener una educaciĆ³n superior.
La administraciĆ³n que se ha establecido para regular este nuevo sistema le otorga bastante control al gobierno a travĆ©s del presupuesto. El gobierno tendrĆ” control sobre los programas ofrecidos por las instituciones, la apertura de nuevas sedes y su financiamiento. La cantidad de vacantes, al igual que la calidad de las carreras, serĆ” determinada por el presupuesto otorgado, ya que no hay otro recurso para cubrir el costo y se debe trata de evitar un incremento en el dĆ©ficit financiero. La Subsecretaria de EducaciĆ³n Superior estarĆ” encargada de fijar los precios de los programas y determinar el crecimiento de una instituciĆ³n, entre otras cosas. Al mismo tiempo, hay algunos recursos,aparte de la gratuidad universal, de los cuales solo las instituciones pĆŗblicas podrĆ”n acceder, creando una desigualdad entre estas mismas y, consecuentemente, en la calidad de la educaciĆ³n de los estudiantes.
La Superintendencia de EducaciĆ³n Superior estarĆa encargada en la fiscalizaciĆ³n del cumplimiento de las normas legales. Ellos jugarĆan un rol en la determinaciĆ³n de la infracciĆ³n penal de 3 aƱos de cĆ”rcel a quienes no se adhieran a las regulaciones.
En tĆ©rminos de acreditaciĆ³n, los requisitos que esta ley impone tambiĆ©n afectarĆa la calidad de las carreras. Estas regulaciones de alguna manera crean un estudiante homogĆ©neo, que sigue un molde preestablecido. Esto, al igual que el restringido presupuesto, serĆa un retroceso para algunas instituciones que pueden otorgarle a sus estudiantes una educaciĆ³n con mayor calidad y variabilidad. AdemĆ”s, estos requisitos podrĆan dejar a otras instituciones en un dĆ©ficit, posiblemente llevĆ”ndolas a la banca rota. El 62% de las universidades chilenas no tienen los recursos o sistemas necesarios para poder cumplir con todos los requisitos. Estas tendrĆan que centrarse en cumplir estas imposiciones en vez de concentrarse en otros aspectos que podrĆan posiblemente mejorar aĆŗn mĆ”s la calidad de la educaciĆ³n que ellos ofrecen. Se pone en riesgo la autonomĆa de las instituciones.
Por otro lado, esta ley elimina la Ley del CrĆ©dito con Aval del Estado y el Aporte Fiscal Indirecto. Estos fondos y recursos han sido un aporte para las instituciones privadas y los estudiantes que han querido acceder la educaciĆ³n superior pero ya no seguirĆ”n en vigencia.
Por Ćŗltimo, esta ley no aborda las principales causas por la cuales los jĆ³venes no acceden a la educaciĆ³n superior, ya que solo el 9% dice ser por causas econĆ³micas. Por ende, este proyecto crea un sistema insustentable y con varias debilidades en tĆ©rminos accesibilidad a educaciĆ³n superior de calidad.
