La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley de Educación Superior. Luego de un año de tramitación la iniciativa pasará a la Comisión de Hacienda y luego debería ser discutido en la sala de la Cámara de Diputados a mediados de julio, para luego pasar al Senado.

Los artículos aprobados más dañinos para nuestro sistema educativo son los siguientes:

Se establece de forma permanente la política de gratuidad (hasta el 60% más vulnerable a partir del  2018 con posibilidades de avanzar en cobertura dependiendo de las condiciones macroeconómicas del país). "Con esto desaparece la posibilidad de invertir estos recursos en los niveles educativos previos a la educación superior, donde realmente se generan las diferencias de oportunidades", dice Cristina Tupper, investigadora del Programa Social de LyD.

Además se aprobó que las vacantes disponibles y los aranceles de los programas adscritos a la gratuidad, serán determinados de forma centralizada, con lo que las instituciones no tendrán ninguna variable que ajustar para asegurar su sostenibilidad más que la calidad de los servicios que ofrece.

Paradójicamente, al mismo tiempo se definió que la acreditación será obligatoria en todas las áreas (incluida investigación) para todas las instituciones de educación superior que reciban fondos públicos. Para la mayoría de las instituciones se estará exigiendo un estándar de calidad y complejidad mayor a los que tienen actualmente, pero sin permitirles ajustar las principales variables que definen sus ingresos (vacantes y aranceles). Como resultado se podría esperar el cierre de algunas instituciones.

Un tema que ha sido especialmente discutido en los medios es la supuesta revocación del Crédito con Aval del Estado (CAE). "Si bien, esta indicación presentada por los Diputados Giorgio Jackson y Camila Vallejos efectivamente fue aprobada por la comisión, su presentación se realizó de forma ilegítima, ya que los parlamentarios no cuentan con la facultad de presentar este tipo de indicaciones", explica Tupper. Como resultado, la indicación probablemente quede sin efecto, evitándose así correr el riesgo de que desaparezca este sistema de financiamiento antes de que sea aprobado un sistema de crédito que lo reemplace.

"Todavía queda una larga parte del trámite legislativo por delante, por lo que hay espacio para revertir las decisiones que significarían un retroceso para nuestro sistema educativo", dice la investigadora. Llevar esto a la práctica sin embargo, requerirá de la capacidad de nuestros parlamentarios y del gobierno de llegar a acuerdos.