La agenda de descentralización del Ejecutivo cuenta con un proyecto que fue aprobado el año pasado: la reforma constitucional sobre la elección directa de gobernadores regionales. Sin embargo, Sergio Morales, investigador del Programa Legislativo de LyD, explica que dicha elección queda atada a la aprobación y promulgación de la ley orgánica constitucional relativa a la elección de gobernadores regionales, la cual ingresó recientemente a la Cámara de Diputados y a la promulgación del proyecto de ley sobre transferencia de competencias que se encuentra aún en tercer trámite constitucional en el Senado.

El proyecto de ley orgánico constitucional contempla dentro de sus materias que la elección se realizará conjuntamente con la de los Consejeros Regionales en las elecciones municipales, vale decir, para el año 2020.

Sin embargo, se agrega una disposición transitoria que señala que en caso que ambas leyes se encuentren aprobadas antes de 100 días de la elección parlamentaria de 2017 esta elección se realizará por esta vez conjuntamente con la elección parlamentaria. Estas nuevas autoridades permanecerían en sus cargos hasta el 6 de diciembre de 2020, estableciendo además una excepción a la regla de inhabilidades para ser candidatos de 1 año para ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, miembros del Banco Central y el Contralor General de la República, rebajándolo a que deben renunciar a sus cargos sólo 100 días antes de la elección, vale decir el próximo 21 de agosto.

"Las normas transitorias propuestas por el Ejecutivo para la primera elección son del todo cuestionables, atendido que al modificar la norma relativa a las inhabilidades de los candidatos se generan ventajas electorales no deseadas para aquellos candidatos que ostenten cargos de autoridad, bien sea a nivel regional o nacional", dice Morales. Así, esta norma puede ser utilizada con fines de intervencionismo electoral, considerando que en los meses próximos al cumplimiento del plazo de 100 días utilicen sus cargos para fines de propaganda electoral.

"Claramente, volvemos a la vieja discusión que deja entrever que un adecuado proceso de regionalización requiere de competencias adecuadas, recursos, reglas sobre responsabilidad fiscal, las cuales no vienen garantizada con una elección que se pretende acelerar con fines estrictamente políticos", apunta el abogado.