El reciente rechazo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo del proyecto minero Dominga ha causado bastante revuelo y con razón. Muchos han tildado el caso de “escandaloso” por sus evidentes ribetes políticos, asociados a las infundadas pero ampliamente difundidas acusaciones de conflicto de interés adjudicadas al ex Presidente Piñera por su anterior participación en la propiedad. Pero más grave aún, es que junto con enlodar la imagen presidencial, se pone en riesgo una institucionalidad ambiental que costó construir y que, producto de hechos como éste, ponen en duda la efectividad y pertinencia del procedimiento de evaluación ambiental.
El proyecto Dominga ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) en septiembre de 2013. Después de más de tres años, el 24 de febrero de 2017, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la IV Región de Coquimbo publicó el Informe Consolidado de la Evaluación de Impacto Ambiental (ICE) del proyecto, con lo cual finaliza lo que es la evaluación propiamente técnica, y en el cual recomendó aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del mismo. Esta recomendación favorable se basó, literalmente, en que el proyecto cumplía con la normativa ambiental aplicable; el titular del proyecto subsanó los errores, omisiones e inexactitudes durante el proceso de evaluación; se identificaron los permisos ambientales sectoriales aplicables al proyecto, se proporcionaron satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos de dichos permisos; y las medidas propuestas se hacían cargo de los efectos, características y circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley 19.300.
El SEA de la IV Región de Coquimbo dio plazo para que los respectivos servicios visaran dicho informe hasta el 3 de marzo de 2017, pudiendo aceptar el ICE o presentar observaciones. Algunos servicios presentaron observaciones al documento emitido por el Servicio Evaluación Ambiental, como los Seremis de Desarrollo Social, Agricultura y Salud, que en la práctica se acotaron a comentarios de forma y, en el caso de Desarrollo Social, a una eventual compensación económica en caso de acreditarse afectación a la productividad en las AMERB[1] de dicha área. Casi todos los Seremis integrantes de la Comisión de Evaluación Ambiental (Energía, Transporte y Telecomunicaciones, Minería, Vivienda, Economía y Medio Ambiente) señalaron expresamente que, “De la revisión del documento citado anteriormente [el ICE], este órgano de administración del Estado no tiene observaciones que efectuar”.
Luego de concluida esta fase propiamente técnica, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley, la calificación final y otorgamiento de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) le corresponde a la Comisión de Evaluación, presidida por el intendente, los seremis que participaron en la evaluación y el Director del SEA. Dicha Comisión, el pasado 9 de marzo, o sea 6 días después de las visaciones del ICE, rechazó el proyecto otorgando una RCA desfavorable. La votación derivó en un empate, con 6 votos a favor y 6 en contra, ante lo cual el Intendente Regional dirimió la iniciativa al ratificar su rechazo al proyecto.
Lo anterior resulta sorprendente en al menos dos aspectos. Primero, llama la atención la discrepancia entre los organismos de la institucionalidad ambiental -el SEA, que condensa el informe presentado por los servicios con injerencia en la evaluación ambiental y que recomendó aprobar el Estudio de Impacto Ambiental- y el Seremi del Medio Ambiente, con las opiniones de los seremis que votaron en contra. Segundo, entre quienes rechazaron el proyecto, se produjeron serias inconsistencias, puesto que tanto el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones como el Seremi de Energía tenían informes favorables desde sus carteras y, sin embargo, votaron en contra del proyecto. Por su parte, los Seremi de Agricultura, Desarrollo Social y Salud, quienes también rechazaron el Estudio de Impacto Ambiental, no presentaron objeciones de fondo y, por tanto, no había razones fundadas para ello. ¿Qué ocurrió en este lapso de 6 días entre el ICE y la sesión de la Comisión de Evaluación que los llevó a cambiar de parecer? ¿Fueron decisiones motivadas y racionales tal como exige la ley?
Lo anterior da cuenta que existen motivos para sospechar que la actuación de los Seremis y del propio Intendente obedecieron a motivaciones políticas y no técnicas, vulnerando el sentido mismo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Lo que este caso ha evidenciado -una vez más- es el uso de la institucionalidad existente con fines políticos, lo que el diputado Matías Walker (DC) calificó acertadamente como “contaminación política”. De hecho, ha sido de público conocimiento la presión realizada por el Senador Girardi a los Seremi (representantes de los respectivos ministerios) para votar en contra del proyecto, lo que pareciera haber tenido efecto. No sirven entonces los llamados a “respetar la institucionalidad ambiental” que surgen del propio gobierno, si no logran garantizar tal conducta desde sus propias filas. ¿Qué hubiera ocurrido si el ICE hubiera recomendado el rechazo del Proyecto y luego la Comisión de Evaluación hubiera aprobado el Proyecto? Misma situación pero en sentido contrario. Esto se suma a otra evidente decisión política en temas ambientales que debieran ser supuestamente técnicos, como la del Comité de Ministros respecto al Proyecto HidroAysén, cuestión que fue tema de la campaña presidencial, y en que cuatro de los seis ministros en forma previa al análisis del Comité, habían anunciado rechazar. ¿De qué sirve la tecnificación de la evaluación ambiental si finalmente la decisión es totalmente política?
El descrédito para el procedimiento de evaluación ambiental es indudable y causa un profundo daño al país, ya fuertemente cuestionado por la incertidumbre respecto de sus normas ambientales. Así lo reveló recientemente el Índice de atractivo para la inversión minera que publica el Fraser Institute, donde Chile retrocedió al lugar 39, desde el 4° lugar que ocupara el año 2013, precisamente producto del deterioro en la percepción de políticas (y las barreras regulatorias). El hecho que un proyecto de inversión, que aparentemente habría cumplido con toda la normativa ambiental y sectorial, no logre la aprobación de su RCA habla muy mal de sistema y no da garantías para que los esfuerzos que realicen futuros proyecto para cumplir con las exigencias les den luz verde para su ejecución. Sin certeza jurídica, no habrá repunte de la inversión, ni crecimiento económico, ni creación de empleo, ni tampoco sustentabilidad, que implica equilibrar el pilar económico, el social y el ambiental.
Si la institucionalidad y los procedimientos no son respetados, la necesidad de revisarlos se volverá inevitable. Instancias de aprobación radicados en la Comisión de Evaluación Regional y en el Comité de Ministro buscaron originalmente equilibrar los intereses ambientales, sociales y económicos, lo cual resultaba razonable; sin embargo, su aplicación práctica ha resultado altamente cuestionable producto de una descarada intervención política. Ciertamente, es imposible abstraerse de la discusión política, pero ésta no debiera darse en el marco de evaluación ambiental. Quizás sea tiempo de repensar el sistema de evaluación de proyectos, a fin de evitar que este tipo de episodios sigan perjudicando el desarrollo socioeconómico y la imagen de “seriedad” que aún nos queda.
[1] Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos.
