Ya en los últimos días del 2016, y a la hora de generar un balance de la lamentable situación que se vive en la zona sur de nuestro país, es posible afirmar que nuevamente han sido más los desaciertos que los aciertos. El denominado conflicto mapuche durante 2016 se ha complejizado y radicalizado, incluso cuando pensábamos que no podría agudizarse más. De esta forma, y luego de más de un mes sin Intendente, damos término a este año con más de 17 iglesias quemadas, más de 50 hechos violentos de distinto tipo y un sinfín de ataques incendiarios, contabiliza Yasmin Zaror, investigadora del Programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo.

A lo largo de este año, han sido escasos los esfuerzos por parte de este Gobierno por entregar soluciones que realmente ayuden a instaurar la paz social en la zona. Una de las iniciativas de la actual administración fue dar paso a la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía, liderada por Monseñor Héctor Vargas, de la cual conoceremos sus conclusiones en enero próximo. Por otro lado, en el Congreso se dio paso a una Comisión Investigadora de Actos de Gobierno en relación a la situación de inseguridad que se vive en la Región de La Araucanía. En dicha instancia, se propuso una serie de soluciones que efectivamente podrían ayudar a generar condiciones de paz –como es la modificación de la actual legislación indígena-, sin embargo, otras persisten en un diagnóstico equivocado.

Hoy, la Presidenta Bachelet visitó la Araucanía por cuarta vez en su mandato. Durante su breve visita anunció un incremento en los fondos que destina el Gobierno a la región y la reiteración de un Proyecto Araucanía. Además, señaló que “es necesario el reconocimiento constitucional y representación política de los pueblos indígenas en el Congreso”. En este punto cabe señalar que,  un reconocimiento constitucional no necesariamente se posiciona como una prioridad para los mapuche, pero de ser efectivo, puede  producir una colisión con otros derechos (propiedad, etc). Del mismo modo, los anuncios respecto de la representación política indígena en el Congreso, no logran generar reales soluciones al conflicto y peor aún, medidas como estas pueden distorsionar la voluntad ciudadana favoreciendo a minorías radicalizadas que no necesariamente representen a una amplia mayoría mapuche.