El Consejo de Ministro para la Sustentabilidad aprobó el nuevo Plan de Prevención de Descontaminación para la Región Metropolitana, restando solamente la toma de razón por parte de la Contraloría. Este Plan, que reemplaza el instrumento vigente, busca reducir en un plazo de 10 años el 60% las emisiones de material particulado fino (MP 2,5) en la capital.

La contenido del Plan no difiera mayormente del Anteproyecto  conocido durante el proceso de consulta pública en meses previos. Se trata de una serie de medidas que limitan la contaminación en los sectores de transporte, industria y residencial, entre otras fuentes. Susana Jiménez, Coordinadora de Políticas Públicas de LyD, analiza los efectos de esta nueva medida.

El Plan presenta aspectos que son valorables, pero también otros que son criticables. Entre los primeros, cabe reconocer el esfuerzo realizado por cuantificar (dentro de lo posible) los efectos de las medidas y la inclusión de fuentes contaminantes no consideradas en planes anteriores.

Igualmente importante es que se incorporara la posibilidad de intercambio de contaminantes precursores de PM2,5, lo que hace más eficiente la reducción de emisiones, y que se incluyeran mejoras para que el sistema de compensación de emisiones sea más flexible y efectivo.

En la vereda contraria, uno de los aspectos más controvertidos ha sido la restricción permanente a los vehículos catalíticos durante el período de Gestión de Episodios Críticos. La medida, que intenta fomentar un recambio tecnológico en el parque automotriz, ha sido criticada por basarse en criterios de antigüedad del vehículo que no necesariamente reflejan las emisiones reales. A ello se suma que es una medida altamente costosa para algunos (aquellos que no pueden cambiar su vehículo y pierden horas trabajadas) y podría incluso ser contraproducente si con ello se termina promoviendo la compra de más vehículos.

En el sector industrial, surge la preocupación que los cambios introducidos por el Plan vuelven las normas de emisión excesivamente exigentes, y no toman en consideración los esfuerzos ya realizados por el sector. La norma para fuentes estacionarias pasa de 112 a 20 mg/m3N en el caso de grandes fuentes y de 56 a 30 mg/m3N para pequeñas fuentes, lo que resulta altamente oneroso y eventualmente desproporcionado, considerando que de acuerdo al inventario de emisiones del Ministerio de Medio Ambiente, el sector industrial representó sólo el 15% de las emisiones de MP 2,5 el año 2015.

En el sector residencial, la principal debilidad es que se requerirá de grandes esfuerzos de fiscalización para el cumplimiento de la medida de prohibición de calefacción a leña; de lo contrario, los beneficios netos de esta medida habrán estado sobreestimados. Cabe señalar que el uso de leña en el sector residencial contribuyó con 39% de las emisiones de MP 2,5 el año 2015, de modo que el éxito del Plan para reducir la contaminación radica fuertemente en esta medida.

Con todo, será importante hacer un seguimiento permanente de las medidas propuestas a fin de evitar cargas innecesarias e inefectivas, lo que podrá evaluarse con el tiempo. Adicionalmente, debiera avanzarse en una serie de medidas complementarias, que van más allá de un PPDA, las que contribuirían a reducir la contaminación atmosférica. Entre ellas se cuenta la necesaria mejoría en el servicio de transporte público y la ampliación de las líneas de metro, así como la conveniencia de densificar las zonas aledañas a las líneas de metro, por nombrar algunos.