El paro de taxistas contra Uber y Cabify tiene como objetivo presionar a las autoridades para que les eliminen la amenaza de tener que competir. Los principales perjudicados son, desde luego, los usuarios y el resto de los habitantes de la ciudad que necesitan desplazarse.

En la actualidad, los taxistas constituyen un cartel de pequeños empresarios, que se coordina a través del Estado. Esta estructura de mercado ha sido usada en distintas ciudades congestionadas del mundo debido a que la libre entrada llevaría al uso excesivo de las vías públicas por parte de vehículos que están circulando constantemente en la búsqueda de pasajeros.

Como se trata de un mercado con poder monopólico y en el que el usuario que detiene un taxi en la calle no tiene la posibilidad de evaluar ex ante el servicio que va a contratar, también las autoridades suelen regular la calidad del servicio prestado.

Con las tecnologías como Uber y Cabify, estos problemas se resuelven en buena medida. Por un lado, ya no es necesario que los vehículos estén recorriendo la ciudad sin pasajeros, ya que los socios conductores atienden un llamado georreferenciado a un usuario cercano a su ubicación. Además, los usuarios cuentan con una evaluación informativa de la calidad del servicio que van a contratar.

"Como resultado, se logra un mejor servicio, menor congestión y menor costo para el usuario", señala Rodrigo Troncoso, Director del Centro de Estudios de LyD. Los taxistas alegan competencia desleal, pero en realidad lo que no quieren es competencia, de ningún tipo. "Los permisos para operar como taxis son entregados gratuitamente por la autoridad y su posterior venta es ilegal", añade el economista. Además, los taxis tradicionales tienen beneficios tributarios, y muchas de sus transacciones son irregulares, pagadas con dinero en efectivo, sin documentación.

En cambio, los servicios contratados a través de Uber o Cabify son de mejor calidad y transparencia: mejores vehículos, conductores atentos y cordiales, tarifas transparentes y más convenientes. Además, no hay dinero en efectivo, ya que todas las transacciones se hacen a través del sistema bancario formal.

Hasta ahora, las reacciones de las autoridades han sido sorprendentes. El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones calificó a estos servicios de “piratas” e “ilegales”, lo que se interpretó como un llamado a hacer justicia por cuenta propia, con lamentables incidentes. "Ahora las autoridades cuestionan a estas empresas tecnológicas de lucrar. Un argumento insólito, cuando ha sido, precisamente, la búsqueda de ganancias el principal motor de la innovación en el mundo", asegura Troncoso.

La legislación actual no fue diseñada tomando en cuenta esta nueva y exitosa forma de ofrecer y contratar servicios de transporte, por lo que su aplicación es interpretable. A juicio de Troncoso, "la autoridad tiene el desafío de actualizar la legislación, pero haciéndolo a favor de la competencia y bienestar de la población y no atendiendo los intereses económicos del cartel de taxistas".