La llamada ley de inclusión realiza una serie de cambios estructurales al 93% del sistema escolar de nuestro país.
- La materialización e implementación del gran cúmulo de nuevas obligaciones, restricciones y prohibiciones que se exigirán a las escuelas, así como los nuevos procedimientos y reglas a las que se sujetarán los estudiantes y sus familias, ha sido delegada en gran parte a reglamentos que ya deberían haber sido dictados por el MINEDUC.
La ya conocida ley que prohíbe el lucro, la selección y el copago en el sistema escolar subvencionado, la también llamada ley de inclusión realiza una serie de cambios estructurales al 93% del sistema escolar de nuestro país. Recordemos que, en general y de manera gradual, esta reforma pretende privar de la subvención del Estado a aquellos alumnos que asisten a escuelas cuya estructura jurídica no es la de una fundación o corporación; busca sustituir los mecanismos de admisión de todas las escuelas por una tómbola centralizada dirigida por el Ministerio de Educación (MINEDUC) desde Santiago; y reemplaza el aporte económico que hoy realizan las familias para la educación de sus hijos por recursos estatales.
La materialización e implementación del gran cúmulo de nuevas obligaciones, restricciones y prohibiciones que se exigirán a las escuelas, así como los nuevos procedimientos y reglas a las que se sujetarán los estudiantes y sus familias, ha sido delegada en gran parte a reglamentos que ya deberían haber sido dictados por el MINEDUC. "Es ahí donde realmente se establecerán las verdaderas pautas a las que se tendrán que atener los distintos miembros de las comunidades educativas", explica Jorge Avilés, abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo. Sólo a modo de ejemplo, estos reglamentos deberán definir la lista taxativa en la que las escuelas podrán destinar sus recursos; la forma en que se reemplazarán los montos del copago; como tendrán que postular las familias a sus hijos en el futuro; cómo y con qué recursos las escuelas cumplirán con obligaciones como hacerse dueño del inmueble en que funcionan; cuándo y en qué casos se permitirá la apertura de un nuevo establecimiento municipal o subvencionado; entre muchas otras.
En este contexto, la ley de inclusión establece para su implementación la obligación del Gobierno de dictar a lo menos 16 reglamentos (15 decretos y al menos un DFL)."A la fecha, y después de transcurridos 9 meses desde la promulgación de la ley, pocos de ellos han sido dictados. Peor aún, algunos tenían plazo fatal establecido en la misma ley y el MINEDUC no cumplió con ello, aun cuando cuentan con una no despreciable cantidad de funcionarios dedicados a esta tarea", señala el abogado.
Sin querer hacer un juicio respecto del contenido de la reforma educacional, resulta evidente que la forma en que el Gobierno se encuentra implementando todos estos cambios estructurales al sistema escolar, a días de que varios de ellos entren en vigencia, es aún desconocida por las distintas familias, por los sostenedores de escuelas que reciben aportes del Estado y, en general, por los demás miembros de las comunidades educativas. Atendido a todo lo anterior, no es extraño que las distintas familias y escuelas se encuentren en un plano de total incertidumbre. No llama entonces la atención que el Gobierno, en vez de hacerse cargo de esta clara deficiencia en la implementación, desvíe la atención a otros temas como la supuesta imposibilidad de que escuelas apliquen sanciones que impliquen sacar a alumnos del aula por no cumplir con los estándares exigidos en presentación personal, uniformes, materiales y útiles de clases, etc. "Esto último no sólo no se encuentra establecido en la ley, como algunos han señalado, sino que termina desviando la discusión del verdadero problema que hoy está enfrentando nuestro sistema escolar con ocasión de esta nueva ley", añade Jorge Avilés.
