Han surgido una serie de propuestas para la planificación territorial como posible solución a los problemas de localización que enfrentan proyectos de inversión, como los eléctricos. Éstos suponen que una vez que los planificadores regionales definan el uso de cada rincón de su territorio se logrará armonizar los intereses particulares y comunitarios. Lo que no parecen sopesar suficientemente es que tal proceso no solo sumará una dificultad más al desarrollo de proyectos, estableciendo mayores limitaciones al uso del territorio, sino que además introducirá rigideces a la necesaria adaptación frente a condiciones cambiantes.
El regulador que planifica el uso del 100% del territorio en un momento, difícilmente puede prever el desarrollo de nuevas tecnologías e innovación que pudieran hacer compatibles actividades que antes no lo eran. Alguien podría argumentar que lo anterior se resuelve actualizando los planes; sin embargo, cualquiera que tiene algún conocimiento en materia de renovación de planes reguladores comunales o metropolitanos, sabe que ello en promedio no toma menos de 10 años.
Adicionalmente, los cambios de valor de los terrenos producto de modificaciones en sus potenciales usos generan importantes cambios de valor, abriendo nuevos espacios para presiones y tráfico de influencias.
Por ello, resulta más relevante ordenar y racionalizar las múltiples denominaciones de protección que cubren buena parte del territorio nacional y perfeccionar el sistema de evaluación de impacto ambiental en vez de crear nuevos instrumentos de planificación que se vienen a sumar a las ya abundantes regulaciones existentes.
Carta de Susana Jiménez y Bettina Horst de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-
