
Ahora bien, la propuesta de gratuidad tiene otro defecto ya presente en gran parte de nuestra política social: está planteada como un beneficio de “todo o nada”. En el caso de la gratuidad, esto se traduce en que obtendrían el beneficio todos quienes pertenecen al 50% más vulnerable, y se quedarían sin éste todos los que están por sobre este umbral. Pero, ¿no debería recibir más apoyo quien está en el 1% más pobre respecto del que está en el 50%? (considerando, por ejemplo, que en promedio en 2013 mientras el desempleo del 1% más pobre superó 50%, el del 50% más pobre sólo alcanzó 7,7%). Asimismo, ¿qué incentivo tiene, bajo esta lógica, una familia del 50% a aspirar a mayores ingresos que lo podrían dejar sobre el umbral de focalización del beneficio para sus hijos?
Entregar a todos lo mismo, tiene como consecuencia olvidarse de quienes más lo necesitan, por lo que debiésemos avanzar en que el apoyo del Estado en todo ámbito de la política social que, por una parte, considere las necesidades de las familias, dando más a quienes tienen menos, y, por otra, sea decreciente respecto a la situación socioeconómica de forma de no generar desincentivos a que las familias puedan surgir gracias a sus propios medios.
Carta de Alejandra Candia, Directora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-