“Lo que preocupa son las prácticas de corrupción, extorsión, el cohecho y soborno. Estos pueden ocurrir con aportes a la política de personas jurídicas y naturales. Lo importante no es el aportante, sino que cualquier aporte dé lugar a esas prácticas. Para esto, se necesitan buenos mecanismos de donación –con una protección razonable de la identidad del donante-, más fiscalización y sanción. Es positivo que a las empresas les preocupe su entorno: los aportes limpios son parte de esta preocupación. El Estado debe fomentar aportes limpios y castigar los otros.

Muchas democracias de la OCDE los permitan. En Chile, un estudio del CEP muestra que los aportes de empresas se distribuyen de manera bastante homogénea entre candidatos incumbentes y desafiantes, pese a la distinta probabilidad de resultar electos. Si buscaran corromper, esto no tendría sentido. Los aportes de personas jurídicas, además, refuerzan el carácter mixto del financiamiento político, reduciendo la posibilidad de que el fiscal lo capture, y aumentando la disponibilidad de dinero legal para una mejor competencia electoral. Su escasez, en cambio, aumentará la demanda por dinero ilegal”.

Así lo señala el voto de minoría firmado por Lucas Sierra, Rosanna Costa, Vittorio Corbo y Olga Feliú acerca de "Regulación de campañas electorales" en el Informe Final del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, tras el análisis realizado al interior de la Comisión Engel.

Estos párrafos cobran relevancia ya que hoy se discutirá en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto del gobierno sobre fortalecimiento de la democracia, que prohíbe los aportes de empresas a la política y crea un nuevo sistema de financiamiento estatal. Sin embargo, el texto original sufrió un cambio antes del receso distrital, ya que nueve de los trece diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara aprobaron una indicación para permitir los aportes de empresas exclusivamente a los partidos políticos por un monto máximo anual de UF 500. Este cambio fue impulsado por legisladores PS y DC.

El proyecto original del gobierno, al igual que la propuesta de la “Comisión Engel”, prohibía que personas jurídicas, con o sin fines de lucro, realicen aportes “a campañas o a partidos políticos”.