
"Ahora bien, el proyecto presentado amerita algunas modificaciones que contribuyan a una gestión medioambiental efectiva y promuevan el desarrollo sustentable del país", asegura la experta. Se requiere para ello introducir criterios técnicos para racionalizar y priorizar los instrumentos de conservación de biodiversidad, de acuerdo a criterios de representatividad ecosistémica, vulnerabilidad y criterios económicos. "Resulta además preocupante que el proyecto actual establezca una serie de restricciones más allá de las áreas protegidas del Estado, sin los resguardos necesarios para evitar la imposición de restricciones excesivas al desarrollo de actividades, especialmente cuando se trata de terrenos privados", añade Jiménez.
Para la economista, una institucionalidad y normativa consistente con la Ley de Bases del Medio Ambiente debe buscar compatibilizar el desarrollo económico con los objetivos de protección medioambiental, lo que estará a prueba en la discusión de este proyecto.