La reforma que reemplaza el sistema electoral binominal por uno de carácter "proporcional inclusivo", como lo han denominado sus autores, hoy es promulgada por la Presidenta Bachelet.
A continuación, analizamos las inconsistencias y arbitrariedades del proyecto, omitidas por el legislador y de las cuales se desprenden potenciales efectos negativos en el plano del sistema de partidos políticos, la competencia política y la eficacia gubernamental.
- MAPA POLÍTICO INCONSISTENTE
El nuevo mapa político presenta evidentes inconsistencias en la asignación de nuevos escaños. Tal es el caso del nuevo distrito de Iquique, con 222 mil electores, al que se le asignaran sólo 3 escaños, mientras que al de Copiapó, con 221 mil electores, se le asignaron 5 escaños.
- ¿MAYOR COMPETENCIA?
Con la reforma aprobada los candidatos deberán enfrentar distritos de una mayor extensión territorial donde, con las nuevas reglas en materia de financiamiento de la política que el Ejecutivo ha ingresado para su tramitación legislativa, la posibilidad de los candidatos desafiantes de darse a conocer y ser realmente competitivos en relación a los candidatos incumbentes -aquellos que buscan su reelección y quienes cuentan con capital de reconocimiento y redes políticas locales- serán muy bajas. Por tanto, la promesa de mayores niveles de renovación política parece más bien ilusoria.
- FRAGMENTACIÓN PARTIDARIA
La reforma incorpora cambios en los requisitos formales para la constitución de partidos políticos, reduciendo el número de firmas requeridas desde un 0,5% de los electores que hubieran sufragado en la anterior elección de diputados, a la cifra de 0,25%, pudiendo, de paso, constituirse las nuevas agrupaciones partidarias en una sola región, suprimiendo de este modo el criterio de contigüidad territorial de al menos tres regiones vigentes en la actualidad.
La anterior medida, que de algún modo busca oxigenar el sistema de partidos, podría, como contrapartida, determinar un proceso de fragmentación y proliferación partidaria, donde el juego político queda al arbitrio de liderazgos personales sin una mirada nacional operando como fuerza pivotal en el Congreso. De este modo, la eficacia gubernamental, que es uno de los objetivos que todo sistema electoral debiera pretender buscar, podría verse severamente afectada.
