El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acaba de pronunciarse en materia de fijación tarifaria para el mercado de gas de red, tema que generó un acalorado debate público durante 2014.

Por una parte, el Tribunal señala que existen vacíos legales para la determinación del costo de capital y la rentabilidad económica de la empresa, lo que haría imposible verificar que las empresas concesionarias hayan excedido la rentabilidad máxima que establece la ley.

Un segundo aspecto clave del informe, es que el Tribunal reconoce como una medida excepcional en nuestro derecho la regulación tarifaria, por lo cual “el legislador no la hizo depender únicamente de la existencia de ciertos niveles de rentabilidad –que no necesariamente son ilícitos- sino del análisis de competencia efectuado por este Tribunal”.

En efecto, son las condiciones de competencia, más amplias que un chequeo de rentabilidad, las que justifican las potestades otorgadas para intervenir en los procedimientos tarifarios de las distintas industrias reguladas.

Esto es particularmente relevante en momentos en que se inicia la tramitación del proyecto de ley del Ejecutivo para modificar la legislación vigente, puesto que no solo introduce cambios legales necesarios para llenar los vacíos existentes –lo que está muy bien– sino que establece la aplicación de fijación tarifaria por el solo ministerio de la ley cuando una empresa exceda la rentabilidad máxima permitida. Eso, claramente contradice lo señalado por el Tribunal, que es el órgano competente en esta  materia.

Carta de Susana Jiménez, Economista Senior de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-