Esta semana se aprobó en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados una moción presentada en noviembre de 2014 por parlamentarios de la bancada DC, que busca regular el cobro de parquímetros y estacionamientos de clínicas u hospitales, centros comerciales, malls, strip centers, supermercados y otros locales similares.

La iniciativa, en sus orígenes, establecía que estos locales no podían realizar cobro alguno por concepto de estacionamiento durante los primeros 30 minutos de uso o, en caso de que se presentara una boleta del local respectivo, durante 2 horas. Asimismo, prohibía el cobro por tramos de tiempo, tanto en los locales comerciales como en los parquímetros establecidos en la vía pública, debiendo cobrarse siempre por los minutos de estacionamiento efectivamente utilizados.

El proyecto recientemente aprobado por la Comisión de Economía de la Cámara  sufrió relevantes cambios de fondo, producto de diversas indicaciones parlamentarias. El actual texto prohíbe a los locales comerciales realizar cobros de estacionamiento durante dos horas, sin importar si quien lo utiliza entra o no al local. Adicionalmente, se impide cobrar una tarifa prefijada o una suma mayor a la correspondiente en caso de pérdida del comprobante –ticket-, debiendo los proveedores, en esos casos, “consultar sus registros” a fin de determinar de manera fehaciente el tiempo transcurrido desde el comienzo del uso del servicio. Por otra parte, se establece que las clínicas y hospitales deben entregar un cupo de estacionamiento gratuito por paciente atendido en el servicio de urgencia. Asimismo, los hospitales públicos concesionados que entreguen a sus funcionarios el servicio de estacionamiento deberán hacerlo de manera gratuita por el tiempo en que presten sus servicios.

Finalmente, el texto aprobado mantuvo la prohibición de realizar cobros por tramos de tiempo, tanto para locales comerciales como para parquímetros establecidos en la vía pública.

"Respecto a la tramitación de este proyecto, cabe destacar la evidente falta de un diagnóstico serio que dé cuenta de los efectos no deseados que se pueden producir", señala el abogado e investigador del Programa Legislativo de LyD, Jorge Avilés. Existen aún preguntas claves que no fueron respondidas durante esta primera etapa legislativa y que son imprescindibles para que se lleve a cabo un proceso responsable: ¿Quién pagará por quienes utilicen los estacionamientos gratuitos? ¿Terminará siendo transferido el costo de los estacionamientos al precio de los productos y servicios comercializados en los locales? Quienes vayan en automóvil a algún centro comercial ¿serán finalmente subsidiados por aquellos que lo hacen a pie? ¿Será que se está creando un incentivo al uso del automóvil? ¿Qué motivará la construcción de estacionamientos adicionales a los exigidos por la ley? ¿Se están vulnerando garantías constitucionales con este proyecto como el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley o el derecho a desarrollar una actividad económica lícita? 

Fue incluso el mismo Ministro de Transporte y Telecomunicaciones quien al expresarse –recelosamente- a favor de la iniciativa, sujetó dicho apoyo a la inclusión de normas que evitaran incentivar “excesivamente el uso del automóvil en zonas y ciudades con altos niveles de congestión” y se previnieran abusos como el de “personas que estacionan para desplazarse hacia otros lugares”. "Si se tiene en cuenta que no se agregaron las mencionadas normas y que la gratuidad obligatoria -que tanta desconfianza infundió- se extendió a 2 horas, es que resulta, al menos curioso, el impetuoso apoyo que el Gobierno le ha dado estos últimos días al proyecto, llegando incluso a ponerle suma urgencia para apurar al máximo su aprobación", indica el abogado.

Aunque entendemos que este proyecto contiene normas positivas, esperamos que en las siguientes etapas legislativas se realicen los cambios necesarios para que se proteja realmente a los consumidores.