
Como si fuera el personaje central de la trama de un Sófocles o Eurípides, la Presidenta Bachelet volverá el próximo lunes a La Moneda a enfrentar la tragedia que envuelve a su propio hijo: el nueragate. Lo hará ante un coro –que en el mundo contemporáneo lo representan los medios de comunicación y la opinión pública– que demandará estándares muy exigentes de ética y probidad.
Porque más allá de tener que dar una opinión global sobre el escándalo nueragate, descartar completamente su participación en la operación de crédito que involucró a su hijo y a su nuera, referirse al rol que jugó en la renuncia de su hijo como Director sociocultural de la Presidencia (siendo ella su superior jerárquico), mantener total imparcialidad si el Partido Socialista somete a Dávalos Bachelet ante el Tribunal Supremo, deberá establecer una posición global respecto de los estándares éticos y de probidad con los que enfrentará los próximos meses, donde varios parlamentarios y políticos, de las dos grandes coaliciones, desfilarán, literalmente, por el Ministerio Público y tribunales, lo que podría incluir a su Ministro de Obras Públicas y a importantes dirigentes de la Nueva Mayoría como Roberto León, Fulvio Rossi y otros.
Así, el liderazgo de la Presidenta Bachelet estará puesto al límite por una cuestión estructural: en un sistema hiper-presidencial como el nuestro, una crisis respecto de la figura presidencial es una crisis que se extiende a todo el régimen político. Recordemos que hacia fines del 2002, en el clímax del MOP-Gate, la discusión giraba en torno a un eventual término anticipado del mandato del Presidente Lagos.
Y frente a un escenario bastante similar, Bachelet puede o decidir “dar un paso al costado”, decir “paso” frente a una enorme responsabilidad con la democracia chilena –y arriesgarse a ser recordada como la Presidenta del caso Penta y del nueragate, incluso más que por sus controversiales reformas que polarizaron al país– o bien, utilizar esta crisis para recuperar la concordia entre los diversos sectores políticos y liderar un gran pacto por la probidad –que debiese ser igual o más potente que el de 2003 de Lagos-Insulza-Longueria), el cual debiese no sólo estar vinculado a las discusiones en torno al perfeccionamiento de la regulación dinero y política (ley de gasto electoral y declaraciones de intereses y patrimonio más exigentes), sino, reformas al Estado más amplias, haciendo efectiva la meritocracia y la excelencia en la administración (existiendo varias mejoras pendientes al sistema de Alta Dirección Pública), como también el estatuto de las fundaciones que dependen de la Presidencia de la República.
Es de esperar que la trama que enfrenta por estos días Bachelet termine, a diferencia de las obras de Sófocles, superando la inevitabilidad de la tragedia griega. Ello requiere de un liderazgo político excepcional y mirada de Estado dado que el prestigio de la democracia chilena y sus principales protagonistas –los partidos políticos y el Congreso Nacional, pero también la Presidencia de la República– se encuentra al límite. De lo contrario, corre el serio riesgo de transformar esta tragedia en una comedia que pudo haber escrito Aristófanes.