La libertad de trabajo es reconocida en nuestra constitución para todas las personas como un derecho fundamental, por lo que éste debe ser respetado en todo caso por el resto del ordenamiento jurídico.

Dentro de un proceso de negociación colectiva, los trabajadores involucrados, frente a la imposibilidad de acuerdo con el empleador en cuanto al contenido del contrato colectivo, pueden ejercer como mecanismo de presión el derecho a huelga, vale decir, la paralización concertada del trabajo. "Durante el período de huelga se suspende la relación laboral, por lo que así como el trabajador no realiza sus funciones, el empleador tampoco está obligado a pagar la remuneración pactada", explica Sergio Morales, investigador del Programa Legislativo de LyD.

Como la huelga puede prolongarse más allá de lo presupuestado, generalmente por la posición de inflexión de las directivas sindicales, el actual Código del Trabajo -que se pretende modificar- reconoce el derecho de los trabajadores para que, de mutuo propio, decidan libremente "descolgarse" de la huelga y reintegrarse a la empresa al menos en las condiciones ofrecidas por el empleador en su última oferta.

Sin embargo, -explica Morales- en el contenido de la reforma laboral del Gobierno, en actual tramitación, vemos como intencionalmente se ha eliminado la posibilidad del descuelgue, llamada también reincorporación voluntaria de los trabajadores pasado un plazo de 15 ó 30 días desde el inicio de la huelga, según sea el caso.

Con toda firmeza, es loable decir fuerte y claro que esta norma propuesta por el Ejecutivo es una fehaciente vulneración al derecho de libertad de trabajo de los trabajadores, quienes voluntariamente decidan desvincularse de las decisiones de la dirigencia sindical o de posiciones más extremas, para procurar alcanzar, a lo menos, acuerdos individuales razonables; y la reanudación temprana de la relación laboral para evitar perniciosas consecuencias patrimoniales para el mismo trabajador que opta por descolgarse.

"No es posible que el sindicato de manera monopólica y arbitraria tome el control del legítimo derecho de decisión del trabajador en cuanto a mantenerse en la huelga y en la negociación u optar por volver a su trabajo, sin perjuicio que se mantengan sus aspiraciones de negociar en un futuro otras condiciones de trabajo", señala el abogado.

Al analizar un tema tan sensible como el descuelgue, así como la imposibilidad de los trabajadores unidos para llamar a votar nuevamente la huelga, se hace cuestionar fuertemente el discurso del Ejecutivo en cuanto a las bondades de este proyecto de ley. "Éste sólo pareciera instar a fortalecer los sindicatos a niveles omnipotentes pasando a llevar incluso los derechos y libertades más básicas de los trabajadores que dicen representar", advierte Morales.