La administración Piñera –estando pendientes, eso sí, los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2013, que debiera darse a conocer en abril o mayo de este año– deja un balance con más luces que sombras en materia de seguridad. Si bien se ha reconocido de manera auto-crítica que se generaron expectativas extraordinariamente altas en esta materia, las metas de reducción de victimización comprometidas en el Chile Seguro 2010-2014 se están cumpliendo.
Ahora bien, si bien la victimización bajó de un 33,6% (2009) a un 26.3% (2012), lo que significa que 303.000 familias dejaron de ser víctimas de la delincuencia (Gráfico N° 1), la percepción de la ciudadanía es negativa y crítica en este ámbito, como lo muestran diversas encuestas de opinión. Los resultados de la ENUSC 2013 también serán relevantes para evaluar la posición de Chile respecto de los países desarrollados, pues en diversos indicadores, especialmente en victimización en materia de propiedad, nuestras cifras siguen siendo comparativamente altas.
Por otro lado, la ENUSC 2012 mostró otros indicadores positivos como la disminución de la victimización en prácticamente todas las regiones, destacando la Metropolitana (desde el 35,1% de 2011 al 28,8% en 2012), y O’Higgins (desde el 32% de 2011 al 24% de 2012).
También son estadísticamente significativas las disminuciones de la victimización respecto de 2011 en Valparaíso (28,1% a 22,9%), Maule (21,5% a 17,1%), Biobío (30,2% a 26,9%), y La Araucanía (28,5% a 23,9%). Las únicas dos regiones que enfrentan leves aumentos -no estadísticamente significativos- son Coquimbo (de 25,1% a 27,4%) y Magallanes (de 14,7% a 15,2%), tal como se desprende del Gráfico N° 2.
Hay que rescatar que el Plan Chile Seguro (2010-2014), construyendo sobre algunos elementos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2006-2010) de Bachelet, dejará al país, y a la próxima administración, una serie de iniciativas extraordinariamente positivas: el Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD); el Banco Unificado de Datos (BUD); el Registro de Prófugos y Pedófilos; los programas Barrio en Paz Comercial y Residencial; el Programa Alerta Hogar; el Programa de Protección de la Violencia Escolar; las escuelas certificadas que acreditan tener políticas adecuadas para la prevención del consumo de drogas y alcohol, y los programas de reinserción social y capacitación laboral de reclusos, entre otras.
Lo relevante desde la perspectiva de las políticas públicas en seguridad pensando en el nuevo gobierno, es que exista continuidad, y en particular, el que su plan de seguridad, avance en el enfoque, que ha comenzado a instalar en nuestro país el Chile Seguro, de políticas basadas en evidencia. Un retroceso en esta materia sería grave.
