El investigador del Programa Política y Sociedad Civil de LyD, Jorge Ramírez, expuso en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político.
El proyecto, que se encuentra en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de “discusión inmediata”, propone elevar los requisitos para formar partidos, exigir una condena expresa a la violencia política, endurecer las condiciones para candidaturas independientes, restringir el financiamiento público solo a partidos con representación parlamentaria y regular el rol de los comités parlamentarios.
Ramírez señaló que el origen del problema actual son las reformas de 2015 y 2016, donde se cambió el sistema electoral por uno proporcional, con el objetivo de aumentar la representatividad del sistema político y fortalecer la legitimidad del Congreso, y se introdujo un esquema de financiamiento público permanente a la actividad política. Sin embargo, ello se tradujo en un aumento de los partidos con representación parlamentaria, llegando hoy a los 17 en la Cámara de Diputados, lo que acarrea un alto nivel de fragmentación.
Según el experto, resulta correcto el eliminar el criterio de posibilidad de constitución de partidos bajo el esquema de 3 regiones geográficamente contiguas y también aumentar los requisitos de firmas para la constitución de partidos desde 0,25% de los que hubieran sufragado en la última elección de diputados a un 0,5% de quienes integren el padrón habilitado.
En cuanto a las inhibiciones para los organizadores de partidos, Ramírez señaló que “parece razonable inhibir la pulsión por constituir “pymes” políticas de algunos líderes que han visto en este giro un lucrativo modelo de emprendimiento político”.
Respecto de los requisitos para inscripción de candidaturas independientes -se eleva el requisito desde el 0,5% de quienes hubieran sufragado en la última elección de diputados al 0,5% de quienes conforman el padrón electoral- para el investigador de LyD esto tiene pleno sentido en el terreno presidencial, pero no del todo en el nivel subnacional.
Ramírez agregó que uno de los incentivos a la proliferación de agrupaciones políticas es el acceso a financiamiento corriente para partidos legalmente constituidos, por lo cual resulta positivo que el este se restringa únicamente para aquellos partidos con representación parlamentaria. A este respecto, enfatizó que “el financiamiento acompaña al partido y no al parlamentario en caso de renuncia”.
Sobre el límite a los candidatos independientes afiliados a partidos, el Cientista Político destacó que ello sincera una situación, donde la militancia ha perdido valor. “La tendencia es que cada vez hay menos candidatos militantes presentados por partidos en desmedro de independientes afiliados y reequilibrar esa balanza parece razonable”, enfatizó.
Acerca del rol de los comités parlamentarios, Ramírez indicó que es valiosa la institucionalización en el ámbito procedimental y administrativo.
Finalmente, el analista consideró que la norma que establece la pérdida del escaño para quienes renuncien a su partido es debatible, dado que en Chile el voto es por personas y no por listas cerradas.
