Esta mañana ingresó a tramitación el proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social que considera una serie de medidas que buscan dotar de recursos para la reconstrucción de los incendios en las regiones de Valparaíso (2025) y Ñuble y Biobío (2026) e incentivar la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleos.

Para ello se proponen una serie de cambios impositivos, regulatorios y medidas de contención de gasto de modo que las medidas no signifiquen un agravamiento para la ya estresada situación fiscal del país.

El crecimiento económico es esencial para que el Estado cuente con los recursos necesarios para financiar los bienes y servicios que entrega. En tanto, el empleo es la herramienta más efectiva para superar la pobreza y asegurar el progreso social de las familias. Por lo tanto, aprobar este proyecto de ley es esencial para hacer frente a las demandas de la ciudadanía por mayor seguridad, una salud más oportuna y una educación que dé más oportunidades a los niños y jóvenes, y para que, a través del empleo, las personas puedan desarrollarse plenamente.

Principales medidas

1. Financiamiento para la reconstrucción de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

Busca aportar $400.000 millones en tres años al Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios e incluir a las regiones afectadas por los incendios de enero pasado. Esto permitirá contar con los recursos para ir en ayuda de las familias que perdieron sus viviendas.

2. Modificaciones tributarias para apuntalar el crecimiento económico.

En un mundo globalizado y con tensiones geopolíticas, Chile debe volver a ser atractivo para captar inversión. Solo a través de mayores inversiones el país podrá volver a crecer de manera más acelerada y volver a crear empleos con fuerza.

Por ello el proyecto busca hacer más competitivo al país como destino de inversiones reduciendo gradualmente la tasa del Impuesto de Primera Categoría a 23% e integrando el sistema tributario, también de manera escalonada, para hacerlo más simple y justo. En este sentido, se crea también un estatuto especial para la inversión para acceder a un régimen tributario especial con invariabilidad de 10 años, tanto para inversionistas nacionales como extranjeros.

Lo anterior va acompañado de herramientas para mejorar la capacidad fiscalizadora del SII entregándole la facultad de hacer cruces de información que provenga de otros órganos estatales, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social para fiscalizar el buen uso de los instrumentos de caracterización social.

3. Medidas pro-empleo.

Tras años de alzas en los costos laborales, la economía ha dejado de crear empleos formales suficientes. Por ello no extraña que la tasa de desempleo esté en 8,3% y que en el caso de los jóvenes llegue al 20% y que las tasas de ocupación aún estén por debajo de las previas a la pandemia.

Incentivar el empleo formal genera oportunidades, dignidad y hace partícipes de la seguridad social (salud, previsión, seguro de cesantía) a las personas. Para lograrlo se propone un crédito tributario que se espera que, en conjunto con las demás medidas incluidas en el proyecto de ley, se creen 180 mil de nuevos puestos de trabajo.  

4. Cambios regulatorios pro-inversión.

Invertir requiere reglas claras y ágiles. La “permisología” y judicialización conspiran contra la inversión y es por ello que la iniciativa considera una serie de medidas para contener ese fenómeno y hacer más ágil la concreción de inversiones. Entre estas medidas se encuentran que el Estado se haga responsable de inversiones que fueron aprobadas por él, pero que finalmente la justicia anuló, dando mayor certeza a quienes deciden emprender en el país.

Adicionalmente, se limita la procedencia de recursos administrativos contra la aprobación de un proyecto ambiental y se reducen los plazos para dar respuesta por parte del Estado, entre otras medidas.

Asimismo, se evita que ampliaciones de proyectos o modificaciones tecnológicas deban pasar por una nueva evaluación ambiental cuando dichas mejoras no impliquen una modificación sustantiva en su impacto al medio ambiente.

Finalmente, se establecen una serie de cambios normativos para dinamizar la industria de la pesca y acuicultura (incluyendo la creación de una patente por no uso de concesiones acuícolas), para el transporte de valores, a la ley de Propiedad Intelectual, a la ley de Compras Públicas y da un marco de acción al Consejo de Monumentos Nacionales que permita agilizar los trámites en una de las instituciones que, según la Contraloría, presenta los mayores tiempos de respuesta.

5. Reactivación de la construcción y ampliación de la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores.

El proyecto exime transitoriamente el pago del IVA a la vivienda buscando reactivar a ese sector, que es uno de los principales sectores generadores de empleo.

También se establece el fin a las contribuciones para la primera vivienda para los mayores de 65 años, como respuesta a los problemas que genera la fijación del pago de este impuesto en base a un impuesto patrimonial, que no necesariamente guarda relación con los ingresos que recibe su dueño. El menor ingreso de recursos al Fondo Común Municipal como consecuencia de esta exención adicional, será compensado por un aporte fiscal adicional.

6. Contención de gasto y adelanto de ingresos para cuidar las finanzas públicas.

Se establecen una serie de medidas de contención de gasto de modo de compensar los menores ingresos que generarán algunas de las medidas mencionadas y, de esa forma, evitar estresar aún más la situación fiscal.

Entre ellas se encuentra racionalizar la implementación de la gratuidad de la educación superior ­—política pública regresiva—, proponiendo una postergación de la entrada en vigencia del beneficio para el 30% más rico de la población y pausando por dos años el ingreso de nuevas instituciones.

Asimismo, se aumentan las sanciones al uso fraudulento de licencias médicas entre funcionarios públicos al establecer la causal de destitución por mal uso de ese instrumento. Ello se espera que desincentive el mal uso y el mayor gasto del Estado en reemplazos.

También se aumentan los cupos de incentivo al retiro, lo que permitirá ahorrar en el gasto en personal del Estado al reemplazar solo a uno de cada tres funcionarios que pasen a retiro.

Por otro lado, se elimina la franquicia tributaria del SENCE que ha sido criticada por comisiones presidenciales y la CNEP por su bajo impacto en empleabilidad y capacidad de aumentar los salarios.

Respecto al adelanto de ingresos, se reducen transitoriamente los impuestos a las donaciones, se establece un mecanismo por 12 meses para declarar bienes o capitales que se encuentren en el extranjero y para la repatriación de bienes o rentas del extranjero.

Además, se crea transitoriamente un impuesto único sustitutivo para que las empresas regularicen sus utilidades acumuladas y otros retiros pendientes y se faculta a Tesorería a rebajar intereses y multas ante el pago de obligaciones tributarias pendientes que mantengan personas y empresas.

En definitiva

El crecimiento tendencial de Chile es de 1,9%. Esa cifra no es suficiente para hacerse cargo de las demandas por progreso de la sociedad. Quebrar esa tendencia es lo que permitirá que el país alcance el desarrollo en el mediano plazo.

Ello requiere hacerse cargo de cómo el país ha retrocedido en las últimas décadas como destino atractivo para invertir, de las alzas en los costos laborales que impiden crear suficientes empleos y que los salarios crezcan, y de la “permisología” que dificulta concretar las inversiones. Una primera mirada del proyecto presentado por el Gobierno se hace cargo de estos tres problemas. El impacto en las finanzas públicas de la iniciativa debe analizarse en conjunto con otras medidas que el gobierno está implementado, como, por ejemplo, la revisión de programas cuyos impactos son limitados o bien han quedado obsoletos.