Comisión Mixta
En una breve sesión, los senadores y diputados que formaron la Comisión Mixta, resolvieron reponer dos disposiciones clave del proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, las cuales no habían alcanzado el quórum necesario en su tercer trámite legislativo durante su paso por la Cámara de Diputados.
Estas normas corresponden a:
- Facultad de supervisión: Atribución de la Secretaría de Apoyos y Cuidados sobre los servicios y programas del sistema.
- Institucionalidad política: Creación del Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados.
El informe de la Comisión Mixta deberá ser ratificado ahora por la Cámara de Diputados y, posteriormente, por el Senado para completar su ciclo legislativo.
El proyecto
El Mensaje del Presidente Gabriel Boric, que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC) reconoce el derecho al cuidado y establece un modelo intersectorial orientado a la autonomía y la prevención de la dependencia (Artículo 6). Esta normativa identifica como titulares a niños, adolescentes, personas mayores, y personas cuidadoras, en una red que debe implementarse de forma gradual (Artículo 8).
La iniciativa impone a todos los órganos del Estado el cumplimiento de principios transversales (Artículo 5), tales como la eficiencia, la corresponsabilidad y la territorialidad. No se trata solo de una declaración de intenciones, sino de un marco operativo que obliga a una coordinación sin precedentes entre distintos niveles de gobierno. Bajo la rectoría del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se despliega una vasta institucionalidad que integra consejos, redes territoriales y sistemas de información, vinculando tanto a prestadores públicos como privados en una ruta de cuidado estandarizada.
El proyecto contempla modificaciones estructurales en diversos cuerpos legales. Desde la planificación regional hasta la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres, el proyecto busca armonizar el ordenamiento vigente con las necesidades del SNAC. Este ajuste normativo es clave para asegurar que la nueva carga administrativa de municipios y gobiernos regionales sea coherente con sus atribuciones actuales, evitando la fragmentación y asegurando que la red de protección social sea realmente operativa.
Desde una perspectiva de políticas públicas, la actual propuesta de cuidados exhibe deficiencias institucionales que dificultan su implementación. El texto debilita el rol de la sociedad civil y la familia al concentrar la responsabilidad en el Estado, alejándose de una articulación equilibrada entre los distintos actores sociales. Asimismo, el proyecto introduce principios ambiguos y una institucionalidad extensa que no garantiza resolutividad ante el creciente envejecimiento de la población, y por tanto, aumento sostenido de la pérdida de autonomía. Sin una estrategia de focalización de recursos públicos y con un diseño que prioriza la expansión administrativa, el sistema arriesga convertirse en una carga fiscal adicional que no asegura una mejora sustantiva en la calidad de vida de los beneficiarios.
