Tras la victoria de José Antonio Kast en la reciente elección presidencial, el foco del debate público ha estado centrado en cómo será el Gobierno del Presidente electo, qué ministros lo acompañarán, cuáles serán sus primeras medidas y qué impronta tendrá esta nueva administración. Sin embargo, se hace necesario reflexionar sobre un elemento igualmente determinante para la salud de la democracia chilena, ¿cómo será el comportamiento de la nueva oposición? ¿Será una oposición que aporte al debate de las políticas públicas mediante el diálogo y el respeto por las diferencias legítimas entre sectores políticos, o repetirá la confrontación sistemática y deslegitimación institucional observadas durante el Gobierno del Presidente Piñera?
En toda democracia representativa, la oposición cumple un rol esencial desde una perspectiva liberal clásica, hacer contrapeso al Gobierno, fiscalizar su acción y enriquecer la deliberación pública, contribuyendo al equilibrio de poderes y a la rendición de cuentas. No obstante, esta función requiere un compromiso mínimo con las propias reglas del sistema democrático y con el Estado de Derecho. Cuando ese compromiso se relativiza, la oposición deja de cumplir este rol y pasa a operar de manera que erosiona los cimientos institucionales que hacen sostenible una sana convivencia política[1].
En este contexto, la oposición desleal puede entenderse como una forma de comportamiento político que, aun actuando dentro de las normas formales de un régimen democrático[2], minimiza o niega la legitimidad del adversario y concibe la alternancia en el poder no como un resultado legítimo de la competencia electoral, sino como una anomalía que debe ser corregida por medios extraordinarios o por presión extrainstitucional[3]. A diferencia de la noción de una oposición que fiscaliza, critica y disputa el poder dentro de reglas compartidas, la oposición desleal instrumentaliza la conflictividad social, relativiza o incluso justifica la violencia política, recurre al bloqueo sistemático de la gobernabilidad y utiliza de manera selectiva el discurso democrático, defendiendo las instituciones solo cuando estas producen resultados afines a su proyecto ideológico.
Una evidencia concreta de estas dinámicas se dio durante el mandato del Presidente Sebastián Piñera. Por ejemplo, el entonces presidente del Senado, senador Jaime Quintana, sostuvo en marzo de 2020 que “si Piñera quiere seguir gobernando debe pasar a una segunda línea y aceptar un parlamentarismo de facto”[4], sugiriendo que el Ejecutivo debía ceder sus facultades claves al Congreso para poder “seguir gobernando” en un contexto de violencia, crisis institucional y social. Tales declaraciones fueron interpretadas por diversos sectores políticos como una invitación a cuestionar no solo políticas específicas, sino el ejercicio mismo del Gobierno dentro del marco constitucional vigente.
Desde esta lógica, el Gobierno deja de ser un competidor o adversario legítimo y pasa a ser presentado como una amenaza moral o institucional, debilitando el principio de reciprocidad democrática que sostiene la convivencia política. Los efectos de una oposición desleal no se limitan a la dificultad de articulación de políticas públicas, socavan la confianza en el sistema democrático en su conjunto, tensan el Estado de Derecho y convierten la política en un juego de suma cero, donde el objetivo deja de ser persuadir, debatir o gobernar mejor, y pasa a ser impedir que el otro gobierne. Así, cabe recordar las palabras de Daniel Jadue, quien señaló que el Gobierno del Presidente Piñera, no contaba con “autoridad moral para gobernar”[5].
La calidad de la democracia dependerá no solo de quién gobierna, sino también de qué tipo de oposición esté dispuesta a asumir el ejercicio político con lealtad y respeto a las reglas de convivencia democrática compartidas. Una oposición crítica y constructiva puede fortalecer el sistema. Una oposición desleal, en cambio, arriesga reproducir dinámicas de polarización que debilitan la institucionalidad, normalizan la violencia como herramienta política y erosionan de manera duradera la confianza ciudadana en las instituciones. El inicio de un nuevo ciclo político ofrece una oportunidad para aprender de la experiencia reciente, la pregunta que queda abierta es si la futura oposición optará por disputar el poder dentro de las reglas de la democracia, o si volverá a transitar el camino peligroso de la deslegitimación y el conflicto permanente.
El presente texto corresponde a una sección del Informe de Coyuntura Política N° 43 - diciembre de 2025
[1] Przeworski A. (2019). Crises of Democracy. Cambridge University Press
[2] Linz J. (1978). The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Reequilibration. Johns Hopkins University Press.
[3] Linz y Stepan (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation. Johns Hopkins University Press
[4] La Tercera (2020). https://www.latercera.com/politica/noticia/jaime-quintana-si-pinera-quiere-seguir-gobernando-debe-pasar-a-segunda-linea-y-aceptar-un-parlamentarismo-de-facto/K23A5LL63FHX3IPKEHZFTNREK4/
[5] El Desconcierto (2021). https://eldesconcierto.cl/nacional/2021/09/15/usted-no-tiene-estatura-moral-daniel-jadue-responde-a-pinera-por-critica-a-convencion/
