El Ejecutivo ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana (SINAPROC), cumpliendo con el mandato contenido en la Ley Nº 21.730, que creó el Ministerio de Seguridad Pública. La iniciativa busca instaurar un modelo integral de gestión, coordinación y respuesta ante incidentes que afecten la seguridad pública, unificando canales de alerta y fortaleciendo la interoperabilidad entre instituciones públicas y privadas con competencias en la materia.
De acuerdo con el mensaje presidencial, el nuevo sistema pretende modernizar la respuesta ante emergencias y superar la fragmentación del actual modelo conocido como “ABC” —que articula la actuación de Ambulancias, Bomberos y Carabineros—, incorporando además herramientas tecnológicas, plataformas digitales de información unificada y un número único nacional de emergencias que reemplace gradualmente a los teléfonos hoy vigentes (131, 132 y 133).
El Ministerio de Seguridad Pública será el órgano rector del sistema y tendrá a su cargo la administración, coordinación, supervisión y evaluación del funcionamiento del SINAPROC. A su vez, se contempla la creación de Comités Nacionales y Regionales de Protección Ciudadana, integrados por autoridades sectoriales, con el fin de asesorar y formular recomendaciones sobre políticas y protocolos de actuación.
En materia tecnológica, el proyecto propone la creación del Sistema de Información Nacional de Protección Ciudadana, una plataforma digital interoperable que concentrará datos provenientes de organismos públicos y privados para facilitar la gestión de alertas y emergencias. También se prevé la instalación de Centros Operativos en distintos niveles territoriales y la interconexión de cámaras y redes de televigilancia municipales, institucionales y privadas, respetando la normativa sobre protección de datos personales.
No obstante, y pese a su objetivo de modernización, el proyecto no identifica un problema público concreto que justifique la creación de una nueva estructura legal ni presenta evidencia sobre las deficiencias del marco institucional vigente. Tampoco incorpora una evaluación de costos, capacidades operativas ni de coordinación con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), cuya función es precisamente gestionar emergencias derivadas de desastres naturales o antrópicos.
A ello se suma una falta de claridad en la gobernanza del sistema, especialmente respecto de la autoridad operativa y las jerarquías de coordinación, lo que podría derivar en duplicidades, conflictos de atribuciones y mayor burocracia. En la práctica, no queda establecido quién tendría la conducción en situaciones que reúnan características tanto de desastre como de amenaza a la seguridad pública.
En conjunto, el SINAPROC propone una arquitectura institucional y tecnológica de amplio alcance, orientada a fortalecer la coordinación en materia de seguridad pública. Sin embargo, su efectividad dependerá de la precisión técnica de su implementación, la delimitación de competencias con otros organismos y una evaluación clara de su impacto fiscal y operativo.
De no abordarse estas materias, la iniciativa corre el riesgo de replicar la fragmentación institucional que busca resolver, creando nuevas capas de burocracia en lugar de mejorar la respuesta del Estado ante emergencias.
