• Las cifras entregadas por el gobierno en materia del crecimiento del gasto real en personal y subvenciones contienen un error. En términos reales, el gasto en personal crece un 3,3% y no un 6,5% como se ha indicado. El gasto en subvenciones para establecimientos escolares, cae un 3,8% y no un 0,9% como se ha dicho.
• No se observan recursos provisionados para el próximo año para una eventual Ley de Reajuste de Remuneraciones, aguinaldo y otros beneficios que se discute una vez aprobada la Ley de Presupuestos.

En la tabla II.4.1 del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre se indica que el gasto en personal el año 2026 crece, en términos reales, un 6,5% real ($16.215 miles de millones para el año 2025 versus $17.262 miles de millones para el 2026). Sin embargo, en términos reales crece solamente un 3,3%. La diferencia se produce porque al presentar las cifras del gasto en personal para 2025 se entregan las cifras en pesos de este año y no reajustadas a pesos del 2026, como indica la tabla. Esto es una alteración a la forma de presentar la información que no se ha visto en períodos anteriores. Tampoco está relacionada con la discusión de si habrá o no reajuste de las remuneraciones de los funcionarios públicos para el próximo año.

Situación similar también se observa en el programa 09.01.20 del Ministerio de Educación relativo a las subvenciones a los establecimientos educacionales. Las cifras presentadas por la autoridad indican una caída real de un 0,9%, pero en realidad la caída real es de un 3,8% cuando se reajuste el valor del presupuesto vigente 2025 en pesos del 2026. Ello se traduce en una caída de $356 miles de millones para el próximo año.   

En términos agregados, el crecimiento real efectivo en personal, de un 3,3%, se explica por el marcado crecimiento del Ministerio de Educación, que crece un 37%, explicado mayormente por el traspaso de funcionarios de colegios municipales a los servicios locales de educación pública (SLEP). En menor medida, los ministerios que aumentan el gasto en personal en términos reales son Presidencia, Medio Ambiente y Hacienda. En todos los demás ministerios y programas del presupuesto, este gasto cae en términos reales hasta en un 5,4% (ver Anexo).

La dotación para el próximo año, por su parte, crece en un 7%, sumando 25.630 nuevos funcionarios a la dotación máxima. Ello se debe en gran medida a la instalación de los nuevos SLEP (19.704). Con todo, para el próximo año, según la Ley de Presupuestos para 2026, el gasto en personal promedio cae en términos reales en un 3,5%, pasando en promedio de ingresos de $3.796.000 al mes a $3.664.000 (dotación máxima autorizada en relación al total del gasto en personal).

¿Hay recursos provisionados para un eventual reajuste salarial en el sector público?

En tanto, no se observan recursos provisionados para el próximo año para una eventual Ley de Reajuste de Remuneraciones, aguinaldo y otros beneficios que se discuten una vez aprobada la Ley de Presupuestos. Dado los tiempos de discusión, resulta importante tener certeza respecto de la disponibilidad de recursos que hay para su pago.

Ello es especialmente relevante cuando estamos ad portas de un cambio de Gobierno, es decir, la administración que negocie el reajuste con las asociaciones de funcionarios no será la misma que tendrá que pagarlo. Más allá de si debiera o no haber un reajuste salarial, corresponde que el Gobierno indique dónde están los espacios fiscales para su financiamiento, si se decide entregarlo.

La Ley de Reajuste para el año 2025, de acuerdo al informe financiero que acompañó su tramitación, tuvo un costo fiscal del orden de los US$1.650 millones, considerando solo reajustes de las remuneraciones y subvenciones, que también se reajustan en el mismo porcentaje del reajuste de las remuneraciones en el marco de esa ley.

Tal como indica el mismo informe, el gasto que irrogue esta ley durante el año 2025 a los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público que corresponda para dicho año, se financiará con los recursos contemplados en el subtítulo 21 (gasto en personal) de sus respectivos presupuestos y, si corresponde, con reasignaciones presupuestarias de cualquier subtítulo de gastos, con excepción de servicio de la deuda pública y, en lo que falte, con transferencias desde la provisión del Tesoro Público de Financiamientos Comprometidos. Se debe tener presente que entre los años 2024 y 2025 en la Ley de Presupuestos, el gasto en personal aumentó en términos reales en un 4,7%, con un aumento de la dotación de 20.153, por lo que al menos en parte había recursos en este ítem para pagar el reajuste. Sin embargo, en el Presupuesto 2026, dado que en términos reales el gasto en personal se reduce en prácticamente todos los ministerios, no se observan recursos disponibles en esas partidas que puedan financiar un reajuste.

¿Hay espacio para una reasignación desde otras partidas?

En el caso de las otras partidas de gasto, en términos agregados, todas vienen reduciéndose en términos reales, excepto los pagos de intereses de la deuda pública, de los cuales no se puede reasignar recursos, de las prestaciones previsionales y gastos que están fijadas por ley, y solo quedaría disponible el ítem Bienes y Servicios de Consumo que crece en términos reales un 10,8%, pero que en términos de recursos su aumento total es de $660 miles de millones. Incluso si se reasigna todo ese aumento presupuestado para el próximo año, no se alcanzaría a cubrir un reajuste como el que se entregó el año pasado.

En cuanto a la provisión del Tesoro Público para Financiamientos Comprometidos, desde la cual también se permite financiar los costos del reajuste, para el próximo año esta provisión tiene una caída real en relación al monto aprobado en la Ley de Presupuesto de 2025 de $1.220 miles de millones (pasa de $2.144 miles de millones a $923 miles de millones en moneda del 2026). El total de la provisión que se propone para el 2026 es inferior al costo del reajuste del año pasado, en lo que a remuneraciones y subvenciones se refiere.

El Gobierno ha indicado que el reajuste, al menos de las remuneraciones, se financiaría con los recursos que se liberen con una reducción de la dotación efectiva en el sector público. Para entender si efectivamente ello generará el espacio fiscal suficiente, se debe conocer cuántos han sido en el pasado el número de funcionarios que se han acogido a la ley de retiro voluntario. En el pasado, en distintos momentos se han otorgado beneficios que incentivan el retiro voluntario de los funcionarios. Como se observa en la Tabla N°1, en los últimos 10 años el total de funcionarios que se han retirado acogiéndose a una bonificación oscila entre los 1.147 y los 5.385.

Bajo el supuesto de que en 2026 se pudieran retirar 5.000 funcionarios, solo reemplazando 1 de cada tres, y asumiendo un ingreso mensual promedio en valores del 2026 de $3.664.000 (Ley de Presupuestos 2026), el ahorro para el año completo, asumiendo que se retiran el 1 de enero, sería del orden de los $147 mil millones. Esta cifra es muy inferior al costo identificado en la Ley de Reajuste del Sector Público para el año 2025, considerando solo el componente de reajuste de remuneraciones y subvenciones, el que en valores del 2026 fue de $1.296 miles de millones.