De las 24 medidas priorizadas, 20 requieren de cambio legal. Sin embargo, solo 8 de ellas se encuentran en trámite en el Congreso, sin que necesariamente aborden a cabalidad las soluciones planteadas. En el caso del reemplazo de las indemnizaciones por año de servicios (IAS) por un fortalecimiento del seguro de cesantía se avanza en el sentido contrario.

El documento “El Puente: Uniendo visiones para retomar la ruta del crecimiento en Chile” prioriza del orden de 24 propuestas, agrupadas en 6 ejes temáticos. Varias de estas propuestas ya han estado en la discusión pública desde hace algún tiempo, pero a pesar de ello no se ha podido avanzar en su implementación.

En la actualidad, varios de los temas tratados en el documento se encuentran en discusión en el Congreso, ya sea a partir de mociones parlamentarias o por iniciativas del Ejecutivo.

Para efectos de poder hacer seguimiento a los cambios legales requeridos para implementar lo propuesto, se realizó un análisis de cada una de las 24 propuestas priorizadas, en cuanto a si requerían o no cambio legal y si este se encontraba en discusión en el Congreso. En algunos casos también se alerta respecto de proyectos de ley que avanzan en la dirección contraria, es decir, profundizarían el problema que se busca solucionar.   

En el eje Ahorro e Inversión, de las 4 propuestas priorizadas, al menos 3 requieren de modificaciones legales. Solo en el caso de la propuesta que busca dinamizar las concesiones, así como aumentar la inversión pública en infraestructura no se requiere una nueva ley.

La propuesta relativa a política tributaria, principalmente reducir la tasa de impuesto corporativo, al menos al promedio de los países de la OECD, esto es un 23,8%, requiere de una modificación legal que no se encuentra en discusión en el Congreso. La reciente reforma tributaria que el Ejecutivo ingresó a trámite legislativo no aborda este tema.

Tanto la propuesta de crear un aporte de hasta un 1% de la inversión proyectada en una comuna a obras de adelante local, o bien las propuestas que apuntan a aumentar el ahorro previsional, ya sea voluntario u obligatorio, así como otras modificaciones al mercado de capitales, requieren de cambios legales que no están en discusión en el Congreso.

Con todo, en el eje Ahorro e Inversión no se encuentran en discusión en el Congreso ninguna de las reformas que se han priorizado.

En relación a las propuestas relativas al Mercado Laboral, de las 6 propuestas priorizadas, al menos cinco requieren de cambios legales. La implementación de una institucionalidad pro formalidad, es decir, establecer un organismo responsable de este tema, pudiera alcanzarse a partir de instituciones ya existentes y en consecuencia no se requiere necesariamente una reforma legal.

En el caso de la modificación propuesta en relación a la indemnización por años de servicio, que la reemplaza por un fortalecimiento del seguro de cesantía, el proyecto de ley que se encuentra en discusión en el Congreso, apunta en la dirección contraria, profundizando así los problemas que existen en la actualidad. En efecto, por medio de esta moción parlamentaria se busca eliminar el tope máximo de 11 años, lo que agudizaría los problemas (Boletines N°9714-13, 8757-13, 14.698-13, 17.394-13 y 17.554-13).

En cuanto al fortalecimiento de la capacitación laboral, se requiere, entre otros, una reforma legal a la franquicia tributaria. Si bien se presentó al Congreso en marzo del 2019 una reforma que abordaba en parte los problemas que se identifican, este no avanzó en su tramitación.

En materia de política de sala cuna, hace ya un tiempo que hay una reforma legal que se encuentra en discusión en el Congreso, que en parte al menos aborda los problemas que hoy existen (Boletín Nº14.782-13). Pero en relación a lo propuesto, la reforma legal no permite un copago de sala cuna por parte de los propios trabajadores, así como tampoco un subsidio estatal enfocado en los sectores de menores ingresos, para financiar la brecha que se estima que existe entre el costo real de una sala cuna y el aporte que se entregará a partir del fondo para su financiamiento que se viene creando.

En relación a la reformulación propuesta de los subsidios al empleo joven y a mujeres, si bien la reforma legal que ha presentado recientemente el Ejecutivo al Congreso (Boletín N°17.641-13) busca una reformulación del mismo, haciéndose cargo de la deficiente evaluación que tienen estos programas, lo reemplaza por otro mecanismo de apoyo a la contratación, a diferencia de lo que propone el documento, de reorientar estos recursos al financiamiento de un impuesto negativo al trabajo.  

Por último, la creación de una agencia público – privada, que herede el objetivo de Chile Valora también requiere de modificaciones legales, que no se encuentran en discusión en el Congreso.

Con todo, de las seis propuestas priorizadas en materia de Mercado laboral, cinco requieren de una modificación legal, respecto de tres de las cuales hay reformas legales en discusión en el Congreso. La relativa a la indemnización por años de servicio empeora la situación actual y agudiza el problema, mientras que las relativas a sala cuna y subsidios laborales se hacen sólo parcialmente cargo de los problemas identificados. 

Respecto de las seis propuestas en materia de Educación, cuatro requieren modificaciones legales. En el caso de “Atracción y retención de profesores” bastaría con la entrada en vigencia de la ley que permite a partir del año 2026 establecer criterios de puntaje mínimo para acceder a las carreras de pedagogía y que ha sido postergado desde el 2019 (Boletín 17.442-04). En cuanto a “Innovación” más que cambios legales lo que se requiere es una mejor coordinación e interacción entre universidades y empresas, fortaleciendo la investigación aplicada (Boletín 16.441-19).

En relación a fortalecer la educación inicial, para aumentar la cobertura se requiere un nuevo mecanismo de financiamiento mediante la extensión de la subvención escolar al nivel de educación parvularia, lo que requiere un cambio legal que hoy no ha sido presentado al Congreso. Para rediseñar la formación en educación superior, se requieren algunos ajustes legales, como, por ejemplo, en relación a la educación técnico profesional, así como también la reducción de las carreras universitarias lo que requiere un ajuste por parte de las mismas universidades como también de su mecanismo de financiamiento. Estas reformas tampoco están presentadas al Parlamento.

En cuanto a la necesidad de alinear inventivos entre autonomía y accountability, la regulación base cero posiblemente requiera de una revisión de determinadas normas legales, así como la necesidad de fortalecer el rol de la Agencia de la Calidad, transfiriendo determinadas funciones desde el Ministerio de la Educación a la propia agencia.

En materia de uso de recursos, la revisión de la política de gratuidad y eventualmente su reducción del financiamiento a tres años, necesitaría una modificación legal.

Con todo, de las seis medidas priorizadas en materia de Educación cuatro requieren modificaciones legales, materias respecto de las cuales no hay proyectos de ley en discusión en el Congreso.

En materia de Modernización del Estado, los 4 ejes de reformas propuestas requieren de reformas legales, las cuales en su gran mayoría no se encuentran en discusión en el Congreso. En el eje mejor gestión para la tramitación de permisos sectoriales, la reciente aprobación de la ley relativa a permisos sectoriales (Boletín 16.566-03) recoge en parte lo propuesto, quedando pendiente reformas relativas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a la tramitación de Concesiones Marítimas (Boletín 8.467-12), al Consejo de Monumentos Nacionales (Boletín 12.712-13) y la Ley Lafkenche (Boletín 15.862-21). Si bien hay reformas presentadas al Congreso, estas no necesariamente se hacen cargo de los principales nudos críticos.

El eje modernización, gestión y continuidad dentro de los servicios público, también requiere reformas legales que hoy no se encuentran en discusión en el Congreso. El reordenamiento y fusión de ministerios, reformas al estatuto administrativo y a la Alta Dirección Pública requieren de cambios legales que no se están discutiendo. Por su parte, el eje mejor diseño e implementación de la política pública en lo relativo a la creación de una agencia para la calidad de las políticas públicas y la productividad si bien hoy existe en el Congreso una reforma legal que aborda este desafío, lamentablemente no ha avanzado en su tramitación (Boletín 16.799-05). A su vez el fortalecimiento del Consejo Fiscal Autónomo mediante la ampliación de su mandato propuesto en el documento, no se ha presentado a discusión en el Congreso.

Por último, el eje fortalecimiento de la gobernanza de las empresas estatales y el sistema de empresas públicas SEP, si bien en el pasado se han presentado proyectos de ley en esta línea, algunos de ellos fueron retirados mientras que otros no han tenido desde años movimiento alguno, lo cual en la práctica implica que no están en discusión en el Parlamento. 

Las tres propuestas priorizadas en materia de Productividad, también requieren de cambios legales, de los cuales la mayoría no se encuentra en discusión en el Congreso. Así, el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica, la reformulación de la Comisión Antidistorsiones y la fusión de los servicios ProChile e InvestChile son tres medidas propuestas que requieren de reformas legales y que no se han presentado al Congreso. A su vez, la introducción de mayor competencia efectiva en el cabotaje marítimo, si se ha estado discutiendo en el Congreso, pero en base a una propuesta de cambio legal que no se hará cargo de los nudos más críticos (Boletín Nº14.532-15).

Otras medidas, como la profundización de la apertura comercial mediante la firma de nuevos acuerdos de libre comercio, así como la necesaria mejora de la infraestructura logística portuaria mediante el modelo de concesiones, son temas que no requieren reformas legales.

Finalmente, la reforma propuesta en materia de Política Social, que establece la creación de un Impuesto Negativo al Ingreso Laboral, no requiere necesariamente una reforma legal, ya que en términos generales la reorientación de la política social hacia un instrumento como éste, se puede alcanzar mediante cambios a la Ley de Presupuestos de la nación de aprobación anual.  

Con todo, agrupando las propuestas en 24 líneas programáticas, solo cuatro no requieren reformas legales. De las 20 que requieren modificaciones regulatorias, en ocho materias hay proyectos de ley que abordan esa materia presentados en el Congreso, respecto de las cuales no necesariamente el cambio legal propuesto se hace cargo a cabalidad de lo propuesto, pero al menos se están discutiendo.