Esta semana, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados rechazó en particular un proyecto de ley que buscaba prohibir el uso de la Unidad de Fomento (UF) como mecanismo de reajustabilidad en contratos y prestaciones de largo plazo. Ahora, la iniciativa deberá ser conocida por la Sala de la Cámara de Diputados. Su rechazo constituye una señal positiva, considerando los efectos nocivos que podría haber generado.
El proyecto busca que la renta de arrendamiento de predios urbanos se fije en pesos, modificando la Ley N° 18.101; que aranceles, matrículas y otros cobros en establecimientos educacionales se establezcan en moneda nacional (DFL N° 2, Ley N° 20.370); y que los precios en instituciones de salud también se fijen en pesos (DFL N° 1). Además, prohíbe expresamente que los créditos hipotecarios y los contratos de salud previsional se pacten en UF, obligando a estipularlos únicamente en pesos (DFL N° 3, Ley N° 19.496).
Durante la tramitación, se presentaron varias indicaciones que buscaban moderar o acotar los efectos del proyecto. Entre ellas, se contemplaba limitar el uso de la UF a contratos de largo plazo —superiores a 12 meses—, prohibir combinaciones entre reajustes por UF e IPC y establecer obligaciones de transparencia en la información entregada a los usuarios. Sin embargo, ninguna de estas propuestas consiguió respaldo suficiente. Finalmente, la instancia resolvió rechazar, por mayoría, todas las normas e indicaciones presentadas, consolidando el rechazo en dos sesiones y un total de 12 votaciones. Los votos en contra provinieron de manera sostenida de los parlamentarios de oposición: Sofía Cid (IND-REP), Eduardo Durán (RN), Joaquín Lavín (UDI), Christian Matheson (IND), Víctor Pino (Demócratas) y Flor Weisse (UDI).
Eliminar la UF genera efectos nocivos, entre ellos el encarecimiento del crédito y el desincentivo a la inversión de largo plazo por la mayor incertidumbre sobre los precios futuros. La UF ha sido un instrumento clave para mitigar el impacto de la inflación en contratos extensos, facilitando el desarrollo del mercado hipotecario, la inversión inmobiliaria y el reajuste eficiente de precios en distintas industrias. Su eliminación habría generado fricciones innecesarias, encarecido productos financieros y restringido el acceso a servicios esenciales como vivienda, salud y educación, afectando con mayor fuerza a familias de ingresos medios y bajos.
El rechazo en particular de esta iniciativa permite mantener un mecanismo que asegura estabilidad financiera y previsibilidad en contratos de largo plazo, evitando medidas que, en la práctica, podrían haber tenido un efecto más populista que efectivo en la economía.
