Entre agosto de 2024 y junio de 2025, la Dirección del Trabajo recibió 44.212 denuncias por acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo en el marco de la Ley 21.643 (“Ley Karin”). De este total, solo un 42% (18.367 casos) fue preclasificado como procedente bajo esta ley, mientras que un 40% fue descartado por no cumplir los requisitos y un 18% permanecía en revisión a esa fecha. Este porcentaje alto de causas no admitidas a trámite responde en gran parte a posibles errores o deficiencias en la formalización de las denuncias por parte de los trabajadores. Asimismo, del total de casos admitidos, un 58% se encuentra aún en análisis jurídico y un 42% en etapa de fiscalización. En las investigaciones finalizadas, solo un 21,3% constató la existencia de vulneraciones.
En cuanto a la caracterización de los casos, un 66,4% de las denuncias fue interpuesta por mujeres, lo que refleja la asimetría de género en la exposición a estas conductas. Considerando las denuncias provenientes de trabajadores de empresas privadas y el tamaño de empresa, la mitad de los casos corresponde a grandes empresas, lo que contradice el supuesto de que el problema se concentra en PYMES. Territorialmente, la mayor concentración se registra en la Región Metropolitana (29,9%) y Valparaíso (17,7%), lo que puede responder tanto a la densidad poblacional como a un mayor acceso a canales de denuncia. Por sector económico, destacan comercio (19,4%), enseñanza (12,4%) y servicios administrativos (11,5%). Respecto al tipo de vulneración, el acoso laboral representa una amplia mayoría (87,5%) de los casos, muy por encima del acoso sexual (6,1%) y la violencia en el trabajo (6,4%).
La participación de los empleadores se observa en 8.153 derivaciones y 14.115 avisos de inicio de investigación interna, concentrados principalmente en grandes empresas (entre un 62% y 73%). Esto sugiere que las organizaciones de mayor tamaño tienen más capacidad para cumplir los protocolos establecidos, aunque ello no garantiza mayor efectividad en la prevención o solución de los conflictos.
En el ámbito fiscalizador, la Dirección del Trabajo realizó 2.117 fiscalizaciones relacionadas con la Ley Karin, aplicando multas en 933 casos, por un monto total de $2.256 millones. La mayoría de las sanciones se relacionó con incumplimientos en la implementación o actualización de protocolos, lo que evidencia que el cumplimiento formal de la ley sigue siendo una brecha relevante.
En síntesis, la implementación de la Ley Karin ha generado un volumen significativo de denuncias y un despliegue institucional considerable. No obstante, resulta evidente que la actual formulación de las hipótesis y el órgano encargado de la recepción y tramitación de las denuncias enfrenta una grave saturación, evidenciada por el elevado número de denuncias recibidas en un periodo relativamente corto.
Este colapso institucional no solo genera demoras, sino que también pone en cuestión la calidad y profundidad del análisis jurídico y la investigación que se realiza. Por tanto, es fundamental repensar la formulación inicial de las hipótesis de admisibilidad para que sean más claras, operativas y correspondan mejor con las realidades concretas de las víctimas. Esto contribuiría a disminuir barreras de admisión que, en algunos casos, podrían carecer de suficiente fundamento, optimizando los procesos de evaluación de denuncias y favoreciendo una tramitación más eficiente y coherente con los criterios normativos aplicables.
Además, persisten desafíos en la eficacia investigativa y el cumplimiento preventivo, lo que sugiere también la necesidad de ajustes normativos y operativos. Por último, se requiere conocer el gasto fiscal que ha significado la implementación de esta ley para evaluar la factibilidad de implementar mejoras institucionales.
