Según las últimas cifras informadas por el Ejecutivo al Congreso1, en conformidad a las obligaciones detalladas en las glosas presupuestarias, desde su lanzamiento, a fines del año 2022, la Política Nacional Contra el Crimen Organizado (PNCO) ha ejecutado menos de la mitad de los recursos (48%) y ha concretado un 59% de las compras destinadas al fortalecimiento de tecnología y equipamiento (subtítulo 33) de aquellas instituciones que combaten esta amenaza (Carabineros, PDI, Directemar, Aduanas, Gendarmería, UAF, ANI, DGMN y DGAC).

Estos bajos registros se deben, en gran parte, a la insuficiente ejecución por parte de Carabineros y la PDI. Ambas policías reúnen, en conjunto, un 80% de los recursos y un 67% de las compras destinadas a la PNCO. No obstante, Carabineros ha ejecutado un 46% de sus recursos para esta política y ha concretado un 56% de sus compras estos últimos dos años. La PDI por su parte ha ejecutado un 48% de sus recursos y ha concretado tan solo un 39% de sus compras.

El mismo informe entregado al Congreso da cuenta de esta realidad y señala, por ejemplo, que algunas compras de Carabineros presentan una nula ejecución, en tanto se mantienen pendientes los pagos y la respectiva rendición ante la Contraloría. Adicionalmente, se señala que instituciones como Gendarmería han logrado un escaso avance debido a una “baja experiencia en implementación de proyectos de modernización tecnológica”.

Por otro lado, al revisar las compras que pudieron ser concretadas, que suman un total de 3.892 ítems, es posible constatar que existen más de 500 herramientas, vehículos o equipamientos que no han alcanzado su meta de uso. Es decir, fueron adquiridos y están en manos de las instituciones correspondientes, pero tienen un bajo o nulo nivel de utilización. Las razones para esto son diversas y van desde máquinas de RX y escáneres corporales que no tienen lista su resolución sanitaria a drones que presentaron fallas en su sistema de control de vuelo o que no han sido manejados debido a lo tardío de su entrega o ya que los funcionarios no cuentan aún con licencia de vuelo.

En concreto, lo que puede vislumbrarse a través de las cifras y antecedentes presentados, es que al interior del Gobierno existe un severo problema de gestión respecto a esta política. Frente a esta realidad, resulta sorprendente que, al revisar las partidas de ejecución presupuestaria de la Dipres, podemos observar porcentajes de ejecución iguales o superiores al 90% para la PNCO durante los años 2023 y 2024. Esto se debe a que, para el registro de Dipres, la mera transferencia de recursos a la institución correspondiente (Carabineros, PDI, Aduanas, etc.) cuenta como una ejecución en sí misma, sin dar cuenta de si esa transferencia se materializó realmente en una compra.

Teniendo presente este escenario, sería conveniente que en la próxima discusión presupuestaria los parlamentarios exigiesen al Gobierno respuestas ante la insuficiente capacidad de gestión en torno a esta política. Además, es pertinente proponer que los recursos destinados a la compra de tecnología y equipamiento, se transfieran directamente a las instituciones correspondientes. Centralizarlas en una subsecretaria, como ocurre hoy, esconde el verdadero avance de la ejecución de recursos y solo sirve para dilatar los procesos.