Esta semana, el gobierno ingresó las indicaciones al proyecto de ley que crea el FES, las que comenzarán a ser votadas la próxima semana en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. De este modo, se proponen algunas modificaciones al texto original, pero en lo sustantivo éstas no alteran el mecanismo propuesto ni responden de manera efectiva a los reparos que se han presentado durante la tramitación.
Los principales cambios ingresados son:
- En lugar del monto total, se permite solicitar un porcentaje del beneficio, esto es, el 50%, 75% o bien el 100% del arancel regulado por el Estado. El pago posterior, una vez finalizados los estudios, a su vez, se ajustará de acuerdo con dicho porcentaje.
- Se establece que las instituciones de educación superior podrán cobrar un copago a quienes solicitan una fracción del beneficio, pero éste se restringe a la diferencia respecto al arancel regulado.
- Se fija un límite de 80 mil nuevos beneficios cada año, para los cuales se priorizará según nivel socioeconómico del postulante.
- Se establece un límite máximo de pago al cabo del cual se extingue el compromiso con el Fisco, equivalente al 90% del plazo original de pago[1], siempre que se haya reintegrado al menos 3,5 veces el arancel regulado y los derechos básicos de matrícula vigentes y no existan saldos adeudados con la Tesorería General de la República.
A grandes rasgos, el FES presenta tres problemas fundamentales, ninguno de los cuales se soluciona con las indicaciones propuestas.
- Desvinculación entre el monto del beneficio y el pago del trabajador:
El primer problema radica en el diseño del FES, que funciona como un impuesto. Esto implica que no existe una relación directa entre el monto del beneficio otorgado y el pago posterior que debe realizar el trabajador. Como resultado, el trabajador podría terminar pagando mucho más de lo que realmente se invirtió en sus estudios. Aunque las indicaciones introducen un tope máximo para limitar este exceso, el problema persiste, y de hecho se transparenta que los trabajadores podrían llegar a pagar al Fisco 3,5 veces el beneficio recibido.
Actualmente, todos los estudiantes que son admitidos a la educación superior tienen la opción de solicitar apoyo estatal para financiar sus estudios. Sin embargo, esto podría cambiar debido a que, con el propósito de resguardar la demanda de recursos público, las indicaciones introducen una cuota máxima de 80 mil nuevos beneficios cada año.
- Riesgo para las finanzas públicas:
En segundo lugar, el FES representa una amenaza para las finanzas públicas debido a la incertidumbre que existe respecto de los desembolsos e ingresos asociados a este instrumento. Persisten dudas sobre los supuestos utilizados para elaborar el informe financiero del proyecto, así como sobre el comportamiento real que tendrá el beneficio a lo largo del tiempo —por ejemplo, cuántos potenciales beneficiarios lo solicitarán frente a quienes opten por alternativas de financiamiento, y cómo estas decisiones incidirán en las proyecciones de financiamiento-. Aunque las indicaciones intentan dar mayor certeza respecto a la cantidad de beneficios que se entregarán anualmente, no resuelven el riesgo asociado al posible descalce entre desembolsos e ingresos fiscales. De hecho, al restringir el número de beneficios y priorizar la entrega de estos a estudiantes de menores ingresos, quienes según las proyecciones aportarían menos recursos, podría profundizarse el riesgo de un impacto fiscal negativo.
- Impacto negativo en las finanzas de las instituciones de educación superior:
Por último, al prohibir el copago, el FES pone en riesgo la estabilidad financiera de las instituciones de educación superior. Para tener un orden de magnitud, hoy el pago de las familias supera los $1.800 millones de dólares y en el caso de las universidades privadas e institutos profesionales, estos pagos representan más de un tercio de sus ingresos totales (35% y 36%, respectivamente). Las indicaciones del gobierno no abordan esta problemática de fondo. Si bien se permite un copago limitado, éste solo se aplica a la diferencia entre el monto solicitado y el arancel regulado, y únicamente para quienes soliciten un monto inferior a este último. Por lo tanto, las instituciones continuarán recibiendo ingresos deficitarios, lo que amenaza su sostenibilidad financiera.
En resumen, las indicaciones no abordan las deficiencias estructurales del FES ni ayudan a resolver las dudas que se han levantado por el impacto que éste podría tener en una serie de dimensiones. Se bien se observa una intención de recoger parcialmente algunas de las preocupaciones manifestadas y de aproximar el sistema a un crédito contingente al ingreso, esto se hace de manera muy imperfecta. En definitiva, se mantiene el diseño original con todas sus falencias: el pago de los trabajadores sigue desvinculado del costo real de su carrera, el posible descalce entre desembolsos e ingresos fiscales seguirá representando una amenaza constante para nuestras frágiles finanzas públicas, y el financiamiento de los aranceles regulados continuará generando déficits en las instituciones de educación superior.
[1] En el caso de beneficiarios de carreras universitarias de ocho semestres o más, se deberá haber recibido el FES por al menos cuatro semestres.
